Horacio Medina: “Lo propio es que Citgo pague las deudas de PDVSA y hagamos una reestructuración de la deuda soberana”

Por Andrés Rojas Jiménez

La Junta de Administración ad hoc de Petróleos de Venezuela esta próxima a cumplir cinco años desde que fue creada por la Asamblea Nacional electa en 2015 y Horacio Medina está cerca de anotarse ya cuatro años al frente de su presidencia, teniendo como máximo reto evitar que se pierda la filial PDV Holding y por consiguiente la empresa de refinación Citgo.
Los Acuerdos de Barbados suscritos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición representada en la Plataforma Unitaria Democrática nada han avanzado en cumplir con el segundo de estos textos que tiene la aprobación de la Asamblea Nacional y responde al nombre de Acuerdo Parcial para la Protección de los Intereses Vitales de la Nación, que en su numeral tercero les impone “defender los bienes y la propiedad de la empresa Citgo Petroleum” y el cuarto indica que se comprometieron en “hacer esfuerzos” para la preservación de ese activo.
“Creo que hay un altísimo riesgo de que Citgo definitivamente se pierda. Eso no se puede negar, pero puedo decir que todavía hay unos espacios importantes y nosotros estamos dispuestos a operar y pelear desde el punto de vista jurídico, legal y político para que eso no ocurra”, asevera Horacio Medina. “Lo más propio es que Citgo pague todas las deudas de PDVSA y hagamos una reestructuración de la deuda pública o soberana de la República, que es como se hace con los Estados soberanos con ayuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, se refinancian o condonan deudas y se cambian intereses”, agrega.

- ¿Cómo entienden ustedes dentro de lo que fueron los Acuerdos de Barbados, el referido a la protección de los activos y en particular de Citgo, que fueron suscritos por el lado oficial por Jorge Rodríguez y por el lado de la Plataforma Unitaria Democrática por Gerardo Blyde?

-Desde mi punto de vista y sin conocer la parte profunda de estas negociaciones, lo que puedo apreciar como venezolano y presidente de esta junta es que el tratamiento que se le pretende dar a Citgo es el correcto y que nosotros hemos venido diciendo. Siempre hemos dicho que estamos defendiendo a Citgo porque es un activo de todos los venezolanos y creo que el tratamiento dentro de la Plataforma, al incluir a Citgo, desde mi interpretación está relacionada con que esto. Es un asunto de Estado porque trasciende otro tipo de decisiones, aunque creo que hay algunas personas, opinadores o interesados que pretenden llevar este asunto a un lado u otro. He dicho reiteradamente que Citgo se tiene que defender porque es una empresa de todos los venezolanos y es importante mucho más que en el hoy para lo que pueda venir mañana. Es algo que debemos tener conciencia porque es nuestra palanca más importante para recuperar la industria venezolana de los hidrocarburos. De tal manera que yo lo interpreto como una decisión correcta que tiene interés de ambas partes y es de interés de todos los venezolanos.

-En el numeral cuarto de ese acuerdo de Barbados se señala que las partes deben hacer todo el esfuerzo para proteger a Citgo y en su momento se dijo que eso implicaba o imponía una nueva fase en las negociaciones entre la administración de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria. ¿Hay contactos contigo o con las autoridades de Citgo por parte de representantes de la Plataforma Unitaria para atender el problema con los acreedores?

-Yo tuve una conversación con miembros de la Plataforma para ponerlos al día, presentarles la situación y darles toda la información. Eso ocurrió un tiempo atrás como era lo lógico a nombre de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA. Actualizamos la información, referimos todas las conversaciones que se han tenido en estos términos con algunos representantes del gobierno de los Estados Unidos y hemos seguido haciendo nuestro trabajo. No tengo la información sobre lo que haya hecho la Plataforma. En cambio, sí mantenemos una información constante y una estrecha relación con el Consejo de Administración y Protección de Activos y con la junta directiva de la Asamblea Nacional con la que también nos hemos reunido.

- ¿Está hablando de la Asamblea Nacional del año 2015?

-Sí. Efectivamente. Hay una prohibición expresa en los Estatutos de la Transición de tener otro tipo de contacto con otra Asamblea Nacional o con PDVSA matriz. Eso está expresamente limitado. Lo que podría agregar es que hemos hecho todos los esfuerzos para que el mundo político este debidamente informado.

-Con esta decisión reciente que tomó la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿cuál es la situación legal en la que queda la acción de los acreedores, es decir, ahora sí es inminente un remate de Citgo?

-Voy a comenzar por el lado negativo. Creo que hay un altísimo riesgo de que Citgo definitivamente se pierda. Eso no se puede negar, pero puedo decir que todavía hay unos espacios importantes y nosotros estamos dispuestos a operar y pelear desde el punto de vista jurídico, legal y político para que eso no ocurra. Hemos dicho muchas veces que todas las demandas que tenemos hoy en día, absolutamente todas, excepto la de Crystallex, se introdujeron en la Corte de Delaware en el tiempo del gobierno interino, pero ninguna de ellas tiene que ver con acciones o actuaciones del gobierno interino. Todas son demandas que provienen de las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Para nada se puede endilgar ese tipo de cuestiones al gobierno interino. Lo digo de la manera más responsable. En 2018, el juez Leonard Stark, es decir, antes que existiera el gobierno interino, dijo que aceptaba la demostración de alter ego porque el gobierno de Maduro evidentemente tenía un alter ego sobre PDVSA.

- ¿Puede entenderse ese concepto de alter ego como intromisión del gobierno en las decisiones de una empresa como Citgo?

-Claro, pero en las decisiones del día a día, de todas aquellas que tiene que ver con el hilo comercial. Por ejemplo, no se puede decir que hay alter ego porque a una junta directiva de una empresa del Estado la nombre la Asamblea, el Congreso de ese país o el presidente de la Republica del mismo porque eso ocurre con todas las empresas estatales del mundo. ¿Quién nombra a la junta directiva de Exxon Mobil? La designa la junta de accionistas, no se nombra sola. ¿Quién nombra a la junta directiva de PDVSA? Su accionista es el Estado venezolano. ¿Quién es el representante del accionista? Existe un ministro, que representa al accionista y existe la Presidencia, que maneja todas estas cosas. No es alter ego que el presidente de PDVSA sea nombrado por la Asamblea Nacional o el presidente de la Republica. En segundo lugar, el alter ego se nota cuando se va a todas las decisiones que se toman: ¿a quién se le debe entregar un campo? ¿Cuánto se debe emplear o desemplear? ¿a quién se le puede vender? ¿a quién le tienes que comprar? ¿a dónde tienes que enviar? Eso es una decisión que debe tomar solamente la junta directiva de la empresa porque para eso fue nombrada. Por otro lado, siempre en Venezuela el ministro de Energía, en los tiempos correctos, enviaba lineamientos a PDVSA: ¿queremos aumentar o no la producción? ¿vamos a seguir dentro de la OPEP? ¿queremos fijar un largo plazo en un determinado sentido?
Ahora el gobierno no le decía a PDVSA que para reducir los costos tenía que hacer determinadas acciones, que sí fue lo que ocurrió antes de 2019 y es a lo que se refiere el juez Stark, quien declara la existencia del alter ego y en su decisión dice que el alter ego de las demandas de las empresas que están llegando debe ser demostrado en el lapso desde que se introdujeron cada una, las cuales se hicieron durante el gobierno interino, motivo por el cual la demostración del alter ego tiene que hacerse en la relación entre el gobierno interino y la junta administradora ad hoc de PDVSA. Todo ese proceso ocurrió desde el año 2019. Tuvimos una audiencia judicial a la que asistí a nombre de la junta de administración ad hoc de PDVSA. Fue una sesión de cuatro horas. Quienes conducían desde el punto de vista de los acreedores era la empresa Owens Illinois y en el debate era recurrente la pretensión de demostrar que había alter ego incluyendo el tiempo de Maduro, pero eso no era lo que estaba establecido en la decisión del juez Stark o no era lo pertinente. No pudo ser demostrado y solo ocurrió el año pasado el pronunciamiento de Stark diciendo que había alter ego con cuestiones como que el presidente de Citgo fue nombrado por la Asamblea Nacional y que había declaraciones públicas del presidente de la junta ad hoc de PDVSA, pero resulta que el presidente de la junta tiene que declarar. Por tanto, consideramos que no había una razón de fuerza y por eso nosotros fuimos a la Corte de Apelaciones, donde expusimos todos nuestros argumentos con convencimiento. En la Corte de Apelaciones, a mi modo de ver las cosas y de todos los que integramos el equipo y de los abogados que nos están asistiendo, toman una decisión porque se ven en la obligación de apelar a la muletilla de hablar del gobierno de Maduro y de lo que ocurrió durante todos los años con Chávez y Maduro. Tuvo que hacerlo así porque era la única forma la sustentar la vía alter ego. Eso motivo una reacción muy fuerte por parte de nosotros, porque definitivamente sabemos que eso no es así y ejercimos un recurso ante la Corte Suprema porque de verdad estamos convencidos que nos asiste la razón. Es cierto que hay una decisión de un juez federal y nosotros no hemos dejado de acatarla al igual que ninguna de sus órdenes. La decisión de la Corte de Apelaciones la acatamos, pero tampoco nos parece correcta y no la podemos aceptar porque definitivamente no es cierta y estamos convencido de eso. Por otro lado, hemos visto que se está diciendo que la Corte Suprema terminó por ratificar lo que dijo la Corte de Apelaciones y que el Gobierno interino sí tenía acceso al dinero de Citgo y hay alter ego. Debo decir que la Corte Suprema de Justicia no dijo eso, sino que no iba a entrar a conocer el fondo del asunto porque no consideraba que era lo pertinente desde el punto de vista de las prioridades, motivo por el cual no se pronunció favorable a la Corte de Apelaciones ni favorable a nosotros, sencillamente no toma el caso.

- ¿Eso fue lo que ocurrió?

-Efectivamente eso fue lo que ocurrió porque la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos tiene una cantidad de acciones que tienen prioridades, mucho más de corte político e impacto social. Lo que estábamos argumentando para que la Corte Suprema conociera esto y así lo seguimos pensando. Estábamos diciendo que las decisiones de la Corte de Delaware y de la Corte de Apelaciones pueden tener un impacto posterior sobre esta doctrina de alter ego porque hay muchas empresas estatales y muchas cuestiones que considerar.  Pensábamos que era interesante que supieran esto y que conocieran algo importante como es que la Corte de Apelaciones para sustentar su decisión hace referencia a Nicolás Maduro y resulta que el gobierno de Nicolas Maduro no está reconocido por el gobierno de los Estados Unidos y por eso decimos que está incidiendo en la política exterior de los Estados Unidos.

-A propósito de eso que comenta, el numeral 3 literal a del más reciente comunicado emitido por la junta de administración ad hoc de PDVSA dice que la Corte Suprema al dar su opinión sobre la doctrina del alter ego avala que la Corte de Delaware haya realizado un análisis que otorga reconocimiento de actos de Estado a conductas del “régimen usurpador” de Nicolás Maduro no reconocido por los Estados Unidos. ¿Esta decisión de la Corte pareciera que en Estados Unidos se reconoce al gobierno de Maduro?

-Ese es uno de los puntos o razones fundamentales para decir que en esa decisión se tomó como apoyo las decisiones del gobierno de Maduro o la relación del gobierno de Maduro con PDVSA, pero insisto en recordar que no es el gobierno que reconoce los Estados Unidos.

-Dentro de esa decisión surgen comentarios -algunos con fines políticos- que refuerzan la idea de que hubo alter ego en las relaciones del gobierno interino con Citgo y hubo transferencia de dinero también. ¿De dónde surge ese señalamiento o acusación?

-No hay forma ni manera de mover un centavo de Citgo, Citgo Holding o de PDV Holding porque está expresamente prohibido en el Estatuto de la Transición. En todo caso tendría que enterarlos por la vía de declarar dividendos y eso no es posible. Segundo, aun cuando se estuviera violando lo anterior, que es un supuesto negado, esa decisión tiene que ser de conocimiento de la OFAC. Lo que sí ocurrió y es de donde viene la interpretación fue que la Procuraduría Especial para la Defensa del Estado, al comienzo de todo este proceso en 2019, se aprobó un fondo para pagarle a los abogados que representan a la Republica en una demanda; y de no haberse atendido esos pagos se hubiese ocasionado la pérdida temprana del activo. Entonces se recurrió a la figura del préstamo y PDVSA ad hoc hizo un acuerdo y pagó por cuenta de la Procuraduría a esos abogados por una vez. Eso fue una situación excepcional que no se compagina con aquello del alter ego del día a día ni de la intervención del hilo comercial. Era una necesidad imperiosa porque estaba en riesgo justamente lo que debemos defender como son los activos de la República. Se pagaron a esos abogados y esa es una deuda que tiene la Procuraduría con PDVSA, pero no es porque eso ocurre de una manera constante o en el día a día, no es porque se transfirieron recursos. Quienes estaban allí en ese momento consideraron que eso era lo correcto y yo los respaldo porque de otra manera no hubiéramos podido seguir adelante.

- ¿Qué lectura hace del comentario hecho por el economista Francisco Rodríguez, quien indica que buena parte de la deuda proviene del alter ego que se habría incurrido durante el gobierno interino?

-Yo con Francisco Rodríguez ya no creo que sea algo que no entiende. Creo que hay una intención tercera. Para nadie es un secreto, y para nosotros menos, que Francisco Rodríguez es un operador de uno de los fondos más grandes que tiene más de 40% de los bonos PDVSA 2020 y que accionó a través de Torino Capital en favor de esa firma de esos bonos en Venezuela, hizo una actividad política y de lobby con el gobierno de Maduro y está involucrado en todo esto. Obviamente, ya no puedo pensar que es alguien que está hablando objetivamente y mal interpretó. Vuelvo a repetir: ninguna de las demandas que se introdujeron en Delaware han sido ocasionadas por actuaciones del gobierno interino hasta el momento que duró ni por la Asamblea Nacional de 2015. Todas son demandas que provienen de la época de las expropiaciones de Hugo Chávez como las de Crystallex, Owens Illinois, Conoco Philips, entre varias. Pueden revisar la lista y esa es la verdad. De los 25.000 millones de dólares que están introducidos para pagar, más de 85% corresponde a demandas contra la República y eso es un contra natura que se pretenda que una empresa como Citgo pague la factura de esas deudas a esos acreedores que son de la República. Creo que podemos comprender y estamos en la posición de que los acreedores que son directos de PDVSA, es decir, hay acciones o deudas de PDVSA que no cumplió y puedan decir que van contra Citgo porque existe esa relación directa y por lo tanto habría la obligación de pagar. Eso lo podemos entender, discutir y conversar pero lo que es contra natura, inaudito y es una de las cosas que hemos señalado una y otra vez en este proceso es que ocurra lo siguiente: si se va por el camino que pareciera estar trazado como es el remate de Citgo, cuando llegue el momento solo permitirá que muy pocos cobren mucho y muchos no cobren nada entonces no se resolvió el asunto, se liquidó una empresa, se les pagó a los tres o cuatro que el juez Stark decidió que era la lista inicial y se acabó. ¿Qué pasará con el resto de los acreedores? Van a seguir siendo acreedores y van a seguir buscando caminos porque el asunto no se resolvió. Hay opciones para resolverlo y yo sí creo que las hay. Por ejemplo, asumir el pago directo de los acreedores de PDVSA por parte de Citgo. Estaríamos dispuesto a ir por ese camino y creo que su exitosísima gestión permitiría acometer y resolver eso. Citgo es una empresa que vale 12.000 millones de dólares hoy en día entonces cómo vamos a pagar 25.000 millones de dólares. Si se hace una subasta y un remate, definitivamente estaremos en un caso de que no hay cama para tanta gente, es decir, no hay forma ni manera de que eso ocurra. Lo que digo también es que es absolutamente falso y una falacia que se diga que 19.000 millones de dólares son del gobierno interino y que se introdujeron todas las demandas durante el gobierno interino, pero eso no quiere decir que todas esas demandas son propias del gobierno interino. ¿Cuándo se expropió Crystallex? En el año 2007 o 2008. ¿Cuándo se expropió a Conoco Phillips en la demanda grande? En ese momento y el pago nunca fue atendido. Cuando se fue al Comité de Arbitrajes del Banco Mundial, las demandas nunca fueron atendidas por PDVSA ad hoc porque no existía y tenían que ser asistidas por el gobierno vigente de Nicolás Maduro, su procuraduría y por PDSVA, pero eso no fue así. Decir que las demandas son del gobierno interino es percibido como una cuestión de mala intención y de arrimar la culpa hacia donde no está. En cambio, nadie se pregunta qué paso con 1.920 millones de dólares que dieron los bonos PDVSA 2020 cuando se hizo el canje o la transacción por los bonos 2016 y se cometió un acto inconstitucional porque no se acudió a la Asamblea Nacional y se entregó a los bonistas 50,1% de las acciones de Citgo que estaban en poder de PDVSA Holding. ¿Por otro lado, qué hicieron con los 1.500 millones de dólares que dio Rosneft, a la que le otorgaron 49,9% de las acciones que tiene PDVSA Holding? Nadie se pregunta cómo fue que crearon una empresa intermedia llamada Citgo Holding para poder pasarle oleoductos, terminales y diversas propiedades que tenía Citgo, para pedir un endeudamiento por 2.800 millones de dólares, de los cuales 2.200 millones fueron transferidos como dividendos a PDVSA en Venezuela. Nadie se pregunta qué paso con ese dinero y así sucesivamente. Todo esto que está ocurriendo tiene su consecuencia en los gobiernos de Chávez y Maduro. Aquí lo único que se ha permitido es una interpretación equivocada del concepto de alter ego porque no es cierto que hay intervención del día a día ni del hilo comercial por parte de lo que fue el gobierno interino ni de la Asamblea Nacional de 2015 sobre las acciones que hace PDVSA y mucho menos sobre lo que se hace en la cadena corporativa. Hemos sido muy cuidadosos y eso no ha sido así porque de lo contrario Citgo no presentaría la situación extraordinariamente positiva que tiene en este momento.

-En la actualidad, ¿la única protección para evitar que Venezuela pierda Citgo, en el caso de los bonos PDVSA 2020, es la restricción o prohibición que hizo la OFAC?

-Los tenedores de los bonos PDVSA 2020 tenían directamente una licencia OFAC para ejecutar el embargo en el caso que no se pudiera pagar y eso fue una discusión muy profunda en 2019, aunque yo no estaba en ese momento, pero como ciudadano y venezolano estuve muy pendiente de eso. Sobre el pago o no de 74 millones de dólares por concepto de intereses a los bonistas, que se hizo porque estaban por vencerse hay que decir que ellos tenían la licencia de la OFAC y 50,1% de las acciones, es decir, se hubiesen apropiado o habrían tomado posesión de la junta directiva de PDV Holding y de allí en adelante ya sabemos lo que hubiese pasado. Esa discusión fue profunda y se autorizó a PDVSA al pago bajo protesta de la Asamblea Nacional, que consideraba absolutamente ilegal e inconstitucional ese acto. Luego de ello se vencían 900 millones de dólares que tampoco se tenían. Estamos hablando que Citgo era una empresa que tenía 4.800 millones de dólares de deuda y que valía en el mercado 4.500 millones o 5.000 millones de dólares, que estaba en una situación donde no tenía alcance financiero y no podía de ninguna manera solicitar préstamos, tenía un flujo de caja operacional de 300 millones cuando una empresa como esa necesita 1.500 millones, que además no contaba con el suministro de crudo venezolano y tenía que depender de muchos traders para poder sobrevivir. ¿Cómo era posible que no se fuera a negociar? ¿A negociar qué? A pesar del esfuerzo que hicieron los colegas, cuando fueron a sentarse con los tenedores de los bonos PDVSA 2020, la respuesta que recibieron fue que no estaban interesados en negociar y mostraron que tenían por un lado una licencia de la OFAC y por el otro 50,1% de las acciones de Citgo. No había forma de negociar con nadie. Por tanto, lo que se consiguió fue suspender la ejecución de esa licencia por parte de la OFAC mientras no se resuelva el caso en los tribunales y en esa situación estamos. Recurrentemente solicitamos a la OFAC que extienda esa restricción por ese caso que todavía está en Nueva York. Iniciamos un juicio en el que la jueza se pronunció a favor de los tenedores, apelamos la decisión, fuimos a la Corte de Apelaciones del estado de Nueva York y ante nuestra apelación decidió elevar el caso ante una Corte Superior –que podría considerarse como la Corte Suprema en el estado de Nueva York- y esta corte todavía no ha enviado su recomendación a la Corte de Apelaciones porque pidieron tiempo debido a que no tienen antecedentes sobre esta materia, hay una duda sobre la aplicación del derecho venezolano o no y esa decisión todavía no se ha tomado, entonces el caso sigue estando en litigio.

- ¿Esa restricción es solamente para los tenedores del bono PDVSA 2020 y todos los demás acreedores que tienen demandas en Delaware sí pueden avanzar con el remate de Citgo?

-El juez Stark permitió que eso ocurriera por una decisión de la OFAC en la que se admite a todos los que están demandando, aunque no tengan licencia. Esa autorización la otorgará o no la OFAC al final del proceso de venta forzada de Citgo si ese es el camino que finalmente se toma.

- ¿Cómo se mantiene la relación entre ustedes como junta de administración ad hoc de PDVSA con la OFAC?

-De ninguna manera hay una mala relación. Solamente que este tipo de decisiones se toman en un nivel más elevado, que corresponde a entes políticos porque justamente son decisiones más políticas. No tengo ninguna duda y no le tengo miedo a eso. Yo lo he asumido así y lo voy a seguir asumiendo, pero no quiero ir más allá de lo que debo ir porque yo estoy representando desde el punto de vista profesional e institucional a una empresa y no me excedo de eso, pero estas decisiones de la OFAC, del Departamento de Estado, de la propia Casa Blanca y en general del Gobierno de los Estados Unidos en general corresponden mucho más a trámites que hace la Asamblea Nacional de 2015, que hacia el Gobierno interino o que pueda hacer en este momento la Plataforma Unitaria Democrática dado que el acuerdo de Barbados incluyó a Citgo.

- ¿El trabajo de ustedes en la junta de administración ad hoc de PDVSA se ha complicado por la desaparición del gobierno interino?

-La verdad que los primeros meses fueron complicados. Puedo entender que para algunos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos también fue una situación muy confusa y posteriormente hubo una gran cantidad de discusiones en las que se llegó al acuerdo de dar un reconocimiento desde el punto de vista de la defensa de los activos de Venezuela en el exterior a la Asamblea Nacional de 2015 y se creó el Consejo de Administración y Protección de Activos con el cual hemos venido trabajando. A partir del mes de abril del año pasado la cosa comenzó a fluir más o menos igual a como estaba antes.

- ¿Una manera de intentar proteger a Citgo es que haya un acuerdo político o que esta instancia de Barbados se active de una manera efectiva y le dé prioridad al tema de Citgo, así como se le da al tema de las elecciones presidenciales?

- ¿Qué es lo que estaríamos diciendo? Pedimos y ya lo hemos hecho reiteradamente que este proceso que se pretende llevar adelante como es el remate de Citgo se suspenda porque no resolverá la situación y más bien creará más problemas porque un gran número de acreedores quedará por fuera y todos tienen exactamente el mismo nivel porque todos fueron expropiados. Van a seguir protestando porque no van a cobrar absolutamente nada bajo el esquema actual. Lo que nosotros estaríamos pidiendo y ya lo hemos hecho…

- ¿Está diciendo que un remate de los activos de Citgo agrava el problema?

-Claro porque se remataría a Citgo, se le elimina y además no se resolvió el problema con los acreedores. Tenemos una apelación a final del proceso porque la Corte del Tercer Circuito no se pronunció sobre la diferencia de ver las cosas en Delaware y en los aspectos ya federales y otros asuntos jurídicos que están allí y que la propia Corte dijo que eso no lo decidiría ahora sino al final del proceso. Dado que eso no está resuelto, hemos pedido que se suspenda este proceso, que se otorgue un lapso y que nos sentemos a buscar una mejor solución.  Si definitivamente la decisión jurídica, es decir, la del juez es la que impera y hay que llevar a cabo este proceso, pues proponemos otra cosa: que a Citgo se le permita venderse así misma porque podríamos obtener quizás no 12.000 millones de dólares, pero sí quizás 10.000 millones o 9.500 millones de dólares y podríamos pagar a más acreedores. Segundo, nos parece lo más propio que Citgo pague todas las deudas de PDVSA y hagamos una reestructuración de la deuda pública o soberana de la Republica que es como se hace con los Estados soberanos con ayuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, se refinancian o condonan deudas o se cambian intereses. Eso resolvería un problema, pero no el remate que más bien liquidaría a Citgo y le quitaría a Venezuela una gran opción de recuperación. Allí es donde nos hemos mantenido y todavía creo que es posible un acuerdo político. Yo no participo en ese tipo de discusiones y reuniones. No es lo pertinente, pero si a mí me preguntan -como lo estás haciendo- yo expreso mi opinión.

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