Ecuador suma $ 3,8 millones en gastos para remediar daño ambiental ocasionado por rotura de oleoductos

Petroecuador informó que las actividades de remediación ambiental en el sector de San Rafael, tras el derrame de crudo ocurrido a principios de abril por la ruptura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), a lo largo de los ríos Quijos, Coca y Napo, tienen un avance general de casi 54% y ha requerido una inversión superior  a 3,8 millones de dólares por parte de Petroecuador y OCP Ecuador.
Asimismo destacó Petroecuador, que hasta el 21 de junio se contabilizaba que 166,3 toneladas de vegetación contaminada han sido desbrozadas y enviadas a un gestor ambiental para su disposición final, mientras que 11,7 toneladas de material absorbente de hidrocarburos han sido colocadas para la recolección y retiro del crudo identificado en las orillas de los ríos Coca y Napo, y 33,4 toneladas de suelo contaminado has sido retirados de sus bordes y tratadas con un gestor calificado.
Labores que se han realizado bajo la vigilancia del Ministerio de Ambiente y agua, y en las que han intervenido 1.191 personas, 1.015 de ellas (85,2%) pertenecen a las comunidades; además del personal de Petroecuador y de OCP Ecuador, encargados de supervisar estos trabajos.
En materia social, Petroecuador informa que han sido entregados a las comunidades ubicadas en las riberas de los ríos Coca y Napo 1 millón 63.192 litros de agua segura; 12.924 kits de alimentos y que han recibido atención médica y medicamentos 4.933 habitantes con síntomas de malestares gastrointestinales y afecciones cutáneas.

Petroecuador ratifica su compromiso de lucha contra la corrupción

Por todo lado, Petroecuador informó que brindará toda la información que requiera la indagación previa que realiza la Fiscalía General del Estado, por el presunto uso de fondos públicos para financiar la campaña electoral del año 2018,  a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos y sus responsables.
Asimismo, ratifica su compromiso de luchar contra la corrupción y de tener una operación eficiente y transparente, toda vez que desde el año 2019,  implementó procesos de control administrativo-financiero por medio de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés). Además, desarrolló sistemas internos de Gestión Antisoborno de acuerdo a la norma ISO 37001:2016, en todas las áreas responsables de procesos de contratación pública.