La OFAC fijó para el 20 de octubre el nuevo plazo para el cobro del bono PDVSA 2020
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) extendió la restricción a los tenedores del bono PDVSA 2020 de poder cobrar el pago de capital e intereses por un monto por encima de 1.000 millones de dólares y ahora la fecha se difiere del 22 de julio para el 20 de octubre, lo que implica que se posterga el propósito de quedarse con Citgo. Por lo pronto, estos mismos acreedores, encabezados por el fondo de inversión Ashmore, ahora tiene la expectativa que la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk, rechace la solicitud presentada por el equipo asesor de la Asamblea Nacional de revelar la identidad de los abogados venezolanos que los asesoran.
En octubre del año pasado, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, el entonces procurador especial, José Ignacio Hernández, y el presidente de la junta de administración ad hoc de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Luis Pacheco, a nombre del parlamento y del presidente de ese cuerpo, Juan Guaidó, demandaron a los tenedores de los títulos PDVSA 2020 por aceptar unos papeles de deuda ofrecido por el gobierno de Maduro por considerarlos ilegales debido a que no fueron aprobados por la Asamblea Nacional.
“La administración de Guaidó ha acusado públicamente que cualquier investigador legal venezolano que testifique a favor de los acusados de actuar contrario a lo que ordena la Constitución y estaría tratando de justificar las acciones de régimen de Maduro ", señala los documento presentados ante la jueza Polk.
Frente a estos señalamientos, los acreedores del referido papel de deuda han señalado que “la administración de Guaidó falsamente y sin fundamento acusó a los titulares de los papeles PDVSA 2020 de conspirar con el régimen de Maduro para controlar CITGO y el tribunal sabe que esa acusación no está respaldada por evidencia alguna”.
Los tenedores de bonos PDVSA han objetado toda la argumentación presentada por los representantes legales de la Asamblea Nacional y sumaron como parte del expediente una serie de declaraciones a medios de comunicación en Venezuela hechas por el ex procurador Hernández y el presidente de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela, Ricardo Villasmil contra el también economista Francisco Rodríguez, quien ha objetado la decisión del parlamento venezolano de demandar a los tenedores del bono PDVSA 2020 en vez de agotar la negociación amistosa.
Al respecto se argumenta que lo ocurrido contra Rodríguez podría repetirse contra todo venezolano que acepte participar como asesor de los tenedores de los bonos y citan como Villasmil señaló de “traidor a la Patria” a Rodríguez porque fue consultor de Ashmore, recomendó la compra de estos títulos y organizó un road show con ejecutivos de este fondo a Venezuela, que incluyó una reunión con el dirigente Diodado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
“Los expertos tienen preocupaciones legítimas a posibles represalias del régimen de Maduro porque retiene el control de facto de las operaciones y los activos de PDVSA en Venezuela, pudiera buscar alguna acción financiera y política si ocurre una victoria de los demandantes y ese régimen tiene un registro bien documento de persecución”, señala los abogados de Ashmore y otros fondos financieros. “El experto tiene todas las razones para preocuparse posibles represalias incluso de la administración de Guaidó si llega al poder o de los representantes de PDVSA y sus filiales en este litigio porque han participado en una campaña de retórica inflamatoria, no solo contra el régimen de Maduro, sino contra figuras independientes de gran prestigio que han criticado las políticas o acciones de la administración de Guaidó”, añade.
Los bonos PDVSA 2020 fueron emitidos en 2016, avalados por el gobierno de Maduro y se hicieron poniendo como garantía el capital accionario de la empresa Citgo.
PUBLICADO: 15 de julio de 2020
