Proyecto de Ley de Hidrocarburos de Voluntad Popular no reconoce legalidad de contratos suscritos por gobierno de Maduro

Las disposiciones transitorias del proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos, elaborado por asesores del partido Voluntad Popular, se han convertido en un elemento polémico y que genera duda o rechazo por parte de representantes de empresas socias o compañías contratistas de Petróleos de Venezuela, y básicamente esto ocurre porque no se reconoce la legalidad, se plantea una revisión sin aclarar si podrían ser mantenidos o revocados los convenios suscritos, no se abre el mecanismo de la licitación pública y se elimina el control  del Poder Legislativo.
La disposición transitoria 13 señala que los contratos de servicios o modificaciones de empresas mixtas y demás acuerdos suscritos no serán avalados automática por un gobierno de transición sino que formarán parte de los aspectos que deberá estudiar el nuevo Ejecutivo nacional en caso de que haya cambio de autoridades.
“Los contratos de servicios, modificaciones a los contratos de empresas mixtas y demás contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley en el sector de
hidrocarburos desde el año 2006, serán evaluados por la Procuraduría General de la República para determinar su legalidad o ilegalidad y, según los casos, las reformas necesarias para subsanar los vicios que detecten y adoptar las reformas que permitan mantener su existencia”, señala el enunciado de la referida disposición.
En las reuniones informales que se han dado entre representantes de la Comisión de Energía, de gremios  que agrupan a las empresas privadas o extranjeras –como la Asociación Venezolana de Hidrocarburos y la Cámara Petrolera de Venezuela-  esta materia y se le ha sugerido a los expertos de Voluntad Popular que se establezca un reconocimiento o se especifique cuál sería el procedimiento para restituir la legalidad con el nuevo marco legal.
Otros aspectos que genera dudas  son varios de los numerales establecidos en la disposición transitoria 1, porque  bajo la argumentación de la emergencia pública, se justifica no utilizar el mecanismo de las licitaciones públicas sino que se mantiene la figura de la adjudicación directa, que actualmente utiliza el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo.
Entre los objetivo del programa  de recuperación petrolera se señala el de “celebrar cualquier contrato necesario para asegurar la atención de la emergencia, mediante el procedimiento de
adjudicación directa de la Ley de Contrataciones Públicas, por parte de PDVSA y sus empresas filiales y empresas mixtas” y el de “suspender el cumplimiento de acuerdos internacionales que comprometen la producción de PDVSA, sin perjuicio de su renegociación”.
Otro punto que se rechaza, pero directamente desde el parlamento, es el referido a que también bajo el argumento de la emergencia, el Poder Ejecutivo podrá negociar con los accionistas minoritarios de las empresas mixtas actualmente existentes, cualquier modificación a los
contratos “sin que sea necesario para ello contar la autorización previa de la Asamblea Nacional”, que ha sido otro aspecto que la oposición ha criticado al gobierno de Maduro.
El diputado Luis Stefanelli, representante de Voluntad Popular en la Comisión de Energía, ha señalado que aún la propuesta está en consulta y que en las próximas semanas se iniciará la consulta antes de la presentación formal en la Comisión de Energía.