Maduro no ha presentado al parlamento propuesta para cambiar participación accionaria de PDVSA en empresas mixtas

La Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional inició un proceso de consulta para determinar si conviene una discusión sobre una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos o se opta por una nueva luego de 20 años de vigencia de la actual legislación, a la espera que el Ejecutivo nacional defina la modalidad de reforma legal que se requiere para propiciar una recuperación de la actividad petrolera y gasífera de Venezuela.
“No sabemos si va a salir una reforma o una nueva ley porque se debe definir muy bien el propósito para que la queremos y esa es una discusión que apenas estamos iniciando”, dijo  Willian Rodríguez, presidente de la subcomisión de Hidrocarburos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. “El Ejecutivo nacional no ha presentado una propuesta para cambiar la relación accionaria en las asociaciones mixtas y nosotros no hemos recibido ninguna propuesta de algún sector que quiera proponer que se cambié eso”, indica.
Explica Rodríguez que esa dependencia del parlamento lo que elaboró fue una metodología para ls discusión, que se inicia en mayo con la recolección de propuestas por parte de organizaciones gremiales y sociales como la Cámara Petrolera de Venezuela, la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, además de los los sindicatos, jubilados y trabajadores.
A partir de ese proceso se contempla realizar mesas técnicas y mecanismos de consulta para luego ser presentados a consideración de los diputados que forman la Comisión de Energía y Petróleo.
Rodríguez señala que la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos tuvo como objetivo restablecer el control del Estado y reafirmar la soberanía sobre el control de los yacimientos como un freno al proceso de apertura petrolero que se impulsó durante la última década del siglo XX, pero se desarrolló bajo un contexto de altos precios del crudo.
“Nosotros ahora tenemos que adaptar la realidad  a la dificultad que tenemos como son las sanciones que impuso Estados Unidos de manera unilateral con un propósito poĺitico como es destruir el sistema de bienestar social que construyó la revolución bolivariana y  tumbar al gobierno de Nicolás Maduro”, aseguró el diputado Rodríguez. “Esa realidad tiene un cerco importante en la industria petrolera porque le impide adquirir repuestos, fletar barcos, vender hidrocarburos y la ley tiene que buscar mecanismos que le faciliten y legalicen las opciones que tiene el gobierno para destruir y enfrentar ese bloqueo criminal”, añadió.