Eliminación de ilícitos es una apertura cambiaria para el sector petrolero de Venezuela

La derogatoria de los ilícitos cambiarios no elimina el control de divisas que existe en Venezuela y más bien se orienta a legalizar una tasa o paridad del mercado paralelo para reducir los costos en el área de los hidrocarburos, agilizar los desembolsos de las empresas transnacionales socias de PDVSA e intentar frenar la caída de la producción petrolera.
“En la gestión de Nicolás Maduro la producción ha caído más de 1 millón de barriles-día, en promedio cada año de este gobierno, se ha reducción en 300.000 barriles diarios y por eso están buscando que medidas tomar para frenar esa disminución y por eso la eliminación de los ilícitos cambiarios que debe verse como una apertura cambiaria principalmente para el sector petrolero”, afirmó Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, durante un conversatorio realizar por la organización civil Espacio Abierto. “La intención es que las compañías extranjeras, que están en sociedad con PDVSA en empresas mixtas, tengan libertad de acción, puedan hacer un cambio de divisas sin restricciones legales y una tasa transparente y más competitiva de manera que no les resulte tan costoso como ocurre con las transacciones que se realizan con la paridad del DICOM (Divisas Complementarias)”, agregó.
Indicó que también la medida de exoneración de impuestos a bienes de capital está dirigida a la actividad petrolera también con el objetivo de frenar la caída de producción y propiciar un incremento, pero Oliveros menciona que hay otros aspectos que están incidiendo negativamente como la fuga de talento humano, la inseguridad en las zonas petroleras, las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra PDVSA y funcionarios de la estatal, los incumplimientos en los pagos de la deuda; y la hiperinflación con tasas mensuales por el orden de 145% como la que se registró en julio.
El representante señaló que existen pronósticos que indican que la producción de PDVSA podría caer a 800.000 barriles diarios, volumen que colocaría a Venezuela en una situación en la cual pudiera registrar un flujo de ingresos negativos.

Problema de 15 años

Las dudas sobre la legalidad que tiene esta derogatoria están presentes de acuerdo a lo señalado en este mismo foro por el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, Ronald Balza.
“El Gobierno sigue insistiendo en que sea la Asamblea Nacional Constituyente y no la Asamblea Nacional la que apruebe la derogación de los ilícitos cambiario y eso genera una incertidumbre porque no se considera que esta decisión sea legal”, advirtió Larrazábal.
El representante del gremio empresarial de Venezuela señaló que deben adoptarse otras medidas en el área fiscal y monetaria, así como una rectificación de la política de estatización de compañías llevada adelante por el presidente Hugo Chávez.
Por su parte, el economista Ronald Balza recordó que las distorsiones cambiarias parten del control establecido hace 15 años y la brecha entre la tasa oficial y el paralelo se ha abierto durante entre 2012 y 2018.“Desde el año 2013, el gobierno de Maduro sabe que el problema cambiario es crucial ,  pero las medidas que se han tomado han empeorado la situación”, agregó.