Elías Matta: “El consenso debe predominar en la AN para recuperar la industria petrolera de Venezuela”

Por Andrés Rojas Jiménez

El presidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, Elías Matta, considera que hay más coincidencias que diferencias con respecto a lo que se debe hacerse para recuperar la producción petrolera de Venezuela. Percibe que hay acuerdo en la participación privada y flexibilizar el régimen tributario, pero aún debe propiciar una conciliación entre quienes promueven una nueva ley de hidrocarburos y aquellos que consideran que sólo se requiere una modificación de la legislación vigente.
“Debemos hacer las cosas con el tino y el momento político que estamos viviendo. Debe haber un consenso político sobre lo que apruebe la Asamblea Nacional para recuperar la industria petrolera”, comenta Matta.
Hay una polémica entre expertos del área debido a que existe una propuesta de nueva ley elaborada por técnicos que asesoran al partido Voluntad Popular, al que pertenece el presidente del parlamento Juan Guaidó, pero ese texto no ha sido formalmente introducido a la Asamblea Nacional y circula una versión por correos electrónicos y mensajerías de Whatsapp.
A manera de aclaratoria, Matta afirma: “Nadie está planteando sacar a PDVSA a la bolsa de valores ni de privatizarla. Mantendremos la propiedad de los yacimientos en manos del Estado y garantizamos que PDVSA seguirá siendo una empresa 100% del Estado”
Advierte, no obstante, que se requiere de inversiones que no bajan de 150.000 millones de dólares y que la empresa estatal está lejana a contar con esos fondos. También señala que la agenda incluye una modificación a la Ley de Hidrocarburos Gaseosos para eliminar el cuello de botella que obliga a privados a vender el gas natural a PDVSA a precios regulados.

En el Plan País se menciona una nueva ley de hidrocarburos y otros expertos sugieren que la recuperación del sector se puede hacer con la legislación vigente ¿Qué tiene planteado la Asamblea Nacional sobre esta materia?
-Hay varios temas y el primero que nos ha encomendado el presidente Guaidó y hemos venido trabajando desde los años anteriores es el de detener la caída de la producción petrolera. Los hemos venido haciendo en un grupo interinstitucional en el que participan organizaciones como Unapetrol, Gente del Petróleo, el Coener, Grupo Orinoco. Con todos ellos hemos venido trabajando sobre el tema. Hay una propuesta de la Cámara Petrolera de Venezuela de cómo recuperar la producción. Puedo decir con orgullo que hay propuestas excelentes, que se tiene el diagnóstico claro y sabemos lo que se debe hacer para detener la caída y aumentar la producción. Dentro esas propuestas hay quienes plantean que existen cuellos de botella en la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos.

¿Cuáles?
-Por ejemplo, la limitante que tienen las empresas privadas y extranjeras para participar en la actividad petrolera. Hay un aspecto que debemos dejar claro: Mantendremos la propiedad de los yacimientos en manos del Estado y garantizamos que PDVSA seguirá siendo una empresa 100% del Estado. Nadie está planteando sacar a PDVSA a la bolsa de valores ni de privatizarla.

Desde el chavismo se acusa a la oposición venezolana de querer privatizar a PDVSA
-Eso es totalmente falso. Si vamos al caso, el propio Hugo Chávez en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos –la llamada ley de gas- permitió que empresas privadas con una participación de 100% se les pudiera entregar un campo o yacimiento de gas natural. ¿Cuál es la diferencia entre un yacimiento de gas y uno de petróleo? Para efectos legales no existe ninguna. Cuando se revisan los artículos 302 y 303 de la Constitución, lo que está bien claro es que los yacimientos pertenecen al Estado y eso nosotros lo mantendremos. Lo que sí permite la propia Constitución es que se pueda utilizar al sector privado en la exploración y en la explotación de ese yacimiento y por eso nosotros creemos que en la actual ley existe una limitante que exige que PDVSA tenga la mayoría accionaria, es decir, más de 50%. Ese aspecto, en una situación como la que tenemos ahora, hace difícil la obtención de recursos para la explotación de los yacimientos de petróleo. Lamentablemente en estos últimos 20 años, debido a estos cuellos de botella que tiene la ley no se ha podido avanzar más en la explotación petrolera porque el capital privado hacia países donde consigue condiciones más favorables y Venezuela compite en el mundo con otros países. Cuando se ve el sistema legal venezolano en hidrocarburos y se compara con el de México, Colombia o los países árabes, se observa que se está en condiciones desfavorables para captar inversión y por eso el capital se dirige hacia otros países donde hay mejores garantías jurídicas, un sistema impositivo más ágil y menos fuerte. Por eso hay que buscar esa modernización para captar parte de esa inversión internacional que está interesa en Venezuela. Mientras siga existiendo la inseguridad jurídica, un nivel impositivo tan elevado y rígido como el que tenemos, las empresas no se sentirán atraídas.

¿Usted como presidente de la Comisión de Energía del parlamento se ha reunido con autoridades de la Cámara Petrolera  o representantes de las empresas socias de PDVSA?
-Hemos conversado de manera informal y pronto será convocadas por la propia comisión para escuchar sus planteamientos. Sé porque le he visto en los medios de comunicación, que la Cámara Petrolera hizo un planteamiento para recuperar la industria. Somos del criterio que podemos elevar la producción cerca de 4 millones de barriles diarios en un plazo de 10 años si se hace con seriedad. El primer millón lo podemos producir en el primer año porque es la parte más fácil. Hay que recordar que durante el gobierno de Nicolás Maduro, que se inició en 2013, de acuerdo a las fuentes secundarias que cita el reporte de la OPEP, la producción diaria era de 2 millones 810.000 barriles diarios en marzo de 2018; y en febrero de 2019 se está ligeramente por encima de 1 millón de barriles al día, es decir, sólo en el período de Maduro hemos perdido más de 1 millón 800.000 barriles de petróleo diarios. Si se toma un valor del petróleo de 52 dólares por barril, eso significa que en un año se dejan de percibir más de 32.300 millones de dólares solamente en un año. Si seguimos con esta locura, los barriles se continuarán perdiendo.

¿Cuál es el principal problema que ocasiona la caída de la producción?
-Hay un cuello de botella en la ley. En la reforma que se le hizo en 2006, se colocó que PDVSA debía tener mayoría accionaria en todas las empresas mixtas.

¿Cuál es el balance que hace de las empresas mixtas que se han creado?
-Existe una centralización en los procesos de procura de PDVSA, que han generado corrupción y son conocidos muchos casos de ese tipo.

¿Qué estaría planteado?
-Si se abren las empresas mixtas a que la participación de los privados sea mayor e incluso hasta 100% en algunos casos, eso permitirá dinamizar a la industria y se repite la experiencia de la Ley de Hidrocarburos Gaseosos, que aprobó el propio Chávez, quien le entregó un campo a ENI y Repsol, o como hizo Maduro con Rosneft.  Para mí estos 20 años se perdieron, además de que cayó la producción, no fuimos capaces de preparar licitaciones de nuevos campos y más bien nos colocamos al margen de la industria, lo que resulta muy grave para un país como Venezuela.

¿Cuál es la ruta que va a seguir la Comisión de Energía?¿Una nueva ley, como plantea el Plan País, o una reforma?
-Nosotros vamos a trabajar por supuesto dentro del marco del Plan País, el cual plantea con claridad lo que se debe modificar. El tema de la participación privada es uno de los aspectos, otro es lo referido a la flexibilización en el pago de la regalía, porque no puede ser la misma para unos campos que están en la faja del Orinoco, con petróleo pesado y extrapesados; a los que están en el norte del estado Monagas como El Furrial, donde hay crudo liviano. Tiene que haber una diferencia.

¿Por qué esa diferencia?
-Porque explotar el petróleo en la faja del Orinoco amerita mayores inversiones y se le tienen que dar atractivos al inversor como bajarle la regalía y por supuesto en la medida que el precio del petróleo vaya aumentando se coloca una fórmula que permita que el Estado pueda recuperar parte de ese incremento del precio del crudo cuando eso ocurra.

¿Esos cambios obligan a una nueva ley?
-Puede ser una reforma o una nueva ley. Yo soy respetuoso tanto de quienes consideran que sólo se necesita una reforma como quienes defienden la necesidad de una nueva ley. En lo personal, no me desagrada una nueva ley, pero lo importante es que debemos hacer las cosas con el tino y el momento político que estamos viviendo. El consenso político debe predominar en lo que apruebe la AN para recuperar la industria petrolera de Venezuela

¿No se requiere una reforma de la Constitución para esos cambios que están planteando con una modificación legal o una nueva ley de hidrocarburos?
-En lo absoluto. Invito a leer los artículos 302 y 303 de la Constitución (* enunciados al final de la entrevista), en los que se menciona lo que estamos planteando. El presidente Chávez abrió la participación privada en empresas mixtas hasta casi 50% y en el caso de los hidrocarburos gaseosos hasta 100%.

En este momento aún no ha cesado la usurpación, que es uno de los objetivos planteado por Guaidó, no se puede hacer mucho más allá de iniciar la discusión en la Asamblea Nacional y a lo sumo aprobar la reforma o una nueva ley.
-Nosotros venimos trabajando la materia desde el año pasado, cuando al frente de la presidencia de la Asamblea Nacional estaba Omar Barboza, no sólo en materia de hidrocarburos sino en otras áreas. Se creó un banco de leyes, en el cual se incluyó la reforma de la Ley que reservó al Estado las actividades conexas en el sector de Hidrocarburos, que fue la que utilizó Chávez en 2009 para cometer el error de estatizar las empresas contratistas del lago de Maracaibo. Esa modificación está lista para que se le dé el ejecútese una vez que cese la usurpación y de esa manera entraría en vigencia.

¿Se permitiría nuevamente la participación de privados?
-Sí, en actividades conexas. Con respecto al planteamiento que hacemos con respecto a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, hay que abrir la discusión sobre la forma para permitir la flexibilización de la participación privada, establecer la regalía en una banda, discutir lo referido al personal de las empresas mixtas, que hoy día es muy rígido como está establecido en los contratos porque obliga a que esos trabajadores ganen salarios vergonzosos porque deben regirse por los criterios de la convención colectiva. Los trabajadores en la industria petrolera internacionalmente ganan bien, si no entendemos eso, Venezuela no se modernizará y simplemente vamos a tener un flujo de gente que se irá del país porque tiene otras oportunidades en otro mercado.

¿Hay consenso de esas modificaciones en las organizaciones políticas que tienen presencia en la Asamblea Nacional?
-Por lo que he visto y converso con los colegas parlamentarios estoy convencido que sí. Lo que estamos haciendo ahora es construir el consenso sobre lo que resulta ideal en materia de hidrocarburos: una nueva ley o una reforma. En lo personal, no tengo objeciones a ninguna de las dos vías, pero debemos tener claro es debe ser un instrumento legal que le dé garantías al inversor porque los inversionistas le tienen miedo cuando se cambia todo y ese no es el mensaje que se quiere enviar. Una de las cosas que nos ha dicho el presidente Guaidó es que respetarán los contratos que existen, que se han firmado y que se encuentren dentro de la Constitución y con los requisitos establecidos por las leyes.

Si los diputados de la fracción del chavismo, del Partido Socialista Unido de Venezuela, se reincorporan a la Asamblea, ¿cree posible que se sumen al consenso político que usted considera necesario?
-Yo puedo decir que en 2016 prácticamente había un consenso con ellos para aprobar la Ley que reserva al Estado las actividades conexas de 2009. Estoy seguro que si hubieran permanecido en la Asamblea Nacional, ellos hubieran votado por esa modificación porque estaban conscientes e incluso el propio diputado Asdrúbal Chávez (ex directivo de PDVSA y ex presidente de Citgo), durante la primera discusión de esa reforma, dijo que esa estatización se hizo en un momento o entorno distinto, porque presumían que podía darse un paro petrolero, pero dijo que esas condiciones habían cambiado. En el oficialismo estaban conscientes que sin el apoyo del sector privado no se iba a tener una industria petrolera floreciente y eso fue lo que ocurrió. El problema está en que Maduro, desde el año 2013 cuando llegó a la Presidencia, dijo que iba a producir unos cambios en materia económica y petrolera, pero nunca lo hizo. Eso fue lo que nos trajo a este desastre.

Casos ilegales

¿Qué aspectos consideran ilegales que se hayan aprobado durante el gobierno de Maduro?
-Voy a mencionar el caso de la venta de 23% de las acciones de Petromonagas por parte de PDVSA a Rosneft, y que obligó a que la Asamblea Nacional aprobara un acuerdo para considerar ilegal esa operación. Nosotros no nos oponemos a que PDVSA pueda vender esas acciones, sino que pedimos que ese informe viniera a la Asamblea, todavía para ese momento no se habían ido los chavistas, y se nos dijera cuál iba a ser el monto de esa operación. Por la vía de noticia criminis se supo que la venta se hizo por el monto de 500 millones de dólares y hay quienes dicen que esas acciones costaban 800 millones de dólares. ¿A quién se le cree si no llegó un informe sobre esta venta? Eso fue lo que criticamos y por eso se aprobó un acuerdo rechazando esa venta por no haber pasado por la Asamblea Nacional, tal como establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos. No se trata de algo contra los rusos ni contra Rosneft.

Si ocurre un cambio de gobierno, ¿reconocerían esa venta?
-Hay que buscarle una solución a ese problema porque esa venta accionaria no pasó por la Asamblea.

¿No sería en detrimento de Rosneft?
-Hay que buscarle una solución seria, que sea ganar-ganar para ambas partes. Ese es el planteamiento que tengo en lo personal y es la directriz que nos ha dado el presidente Guaidó. Reitero que lo que nos interesa a nosotros en todas las áreas comerciales es un proceso ganar-ganar, es decir, que gane el inversor y que gane Venezuela. No soy de los que plantean que se tiene que esto es una caída y mesa limpia.

¿Cómo quedan los contratos de servicios que ha firmado el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo?¿Son ilegales?
-Sí porque no han pasado por la Asamblea Nacional y el Ministerio y PDVSA les están entregando la operatividad. En el caso de los últimos contratos que anunció el gobierno que estaba entregando, que eran como 14 y sólo han firmado como 4 o 5. Primero, no tenemos la información al detalle y lo que se entiende es que no son contratos de servicio normales sino que la empresa entra a participar en el levantamiento de la producción del yacimiento y comercializa parte del crudo extraído. Eso desde nuestra óptica debió pasar por la Asamblea Nacional y es otro tema que debemos resolver.

¿Qué aspectos podría discutir la Asamblea Nacional en este momento sobre la materia petrolera?
-Lo primero es avanzar en lo que se refiere a la ley de hidrocarburos, abrir una discusión sobre si debe ser una reforma o una nueva ley. Estamos trabajando eso con seriedad y estamos a la espera que se presente un proyecto de una nueva ley elaborado por el partido Voluntad Popular para que sea distribuido entre todos los miembros de la Comisión de Energía, que la conozcan todos los sectores, los gremios, los periodistas que cubren el área petrolera. Estamos conscientes de que se trata de un debate trascendental para el país porque estamos hablando de la industria que genera 95% de las divisas que recibe el país, es un debate muy importante y como dije tiene salir en consenso. También se puede avanzar en el tema de los hidrocarburos gaseosos porque la ley tiene un cuello de botella en la venta de gas al obligar a la empresa  que obtenga la licencia a regirse por los precios regulados fijados por PDVSA y eso impide la inversión. Otro tema es el referido al sector eléctrico, porque Venezuela –como hemos visto- no tiene un sistema estable y por eso se está trabajando en una nueva ley para hacerla más moderna, que se separe la generación de la transmisión, la distribución y comercialización, así como el de permitir la descentralización, con el fin de volver a tener casos de excelencia como el de la Electricidad de Caracas, que era privada y funcionaba muy bien; o Enelven en el estado Zulia, que era una empresa del Estado, funcionaba eficientemente y generaba ganancias. Ese es el modelo que estamos convencidos posible traer a Venezuela y permitir que haya una modernidad en el país.

¿La Comisión de Energía ha establecido contactos con los miembros de la directiva ad hoc de PDVSA o de Citgo?
-Hemos sido respetuosos de esa decisión. La Asamblea Nacional es un órgano contralor que juega un rol en el nombramiento de esas directivas. Hicimos la revisión, consideramos que las personas designadas cumplían con el requisito y fueron designadas esas juntas, que deben responderle al presidente Guaidó.

El nacionalismo petrolero

Después de 20 años de chavismo y revolución bolivariana, ¿Ha cambiado esa visión nacionalista que ha predominado en el sector petrolero?
-En Venezuela hay una visión muy marcada del nacionalismo con respecto al petróleo y por eso insisto en decir nadie está hablando de privatizar sino de abrir la industria petrolera al sector privado, como lo permite la Constitución y lo hizo el mismo Chávez, quien permitió hasta 50%; y nosotros consideramos, que en este momento, para poder atraer inversiones y explotar ese sector petrolero, necesitamos dinamizarlo más y creo que los privados pueden llegar hasta 100% de participación en algunos proyectos.
La Agencia Internacional de Energía dice que en los próximos 30 años, la demanda de petróleo podrá incrementarse en 40 millones de barriles y Venezuela tiene una gran oportunidad. Por eso se plantea que la producción petrolera puede aumentarse a 3,6 millones o 3,7 millones de barriles diarios en un plazo de 10 años. El primer millón pudiera levantarse en el primer año a un costo menor porque se trata de pozos que se encuentran paralizados por daños o falta un mantenimiento menor; pero luego viene una etapa de 1 millón de barriles adicionales en un plazo de cuatro años con montos de inversión más fuertes. Estamos hablando de montos de inversión de entre 150.000 millones y 180.000 millones de dólares en un plazo de 10 años y eso es factible con la participación privada y con parte del Estado. Al mismo tiempo, queremos que PDVSA vuelva a ser fuerte para que con los campos que tiene, algunos de ellos extraordinarios como los que están en los estados Zulia y Monagas, puedan producir 1 millón de barriles diarios. Esta caída de la producción petrolera fundamentalmente se dio en el esfuerzo propio, en lo que PDVSA hacía directamente y lo que ha sostenido la producción son las empresas mixtas. Tenemos que afincarnos en levantar a PDVSA como una empresa del Estado, que produzca petróleo en vez de estar vendiendo leche, chicha o comida como la puso Chávez y que pague impuestos para que sean utilizando en salud, educación y construcción de infraestructura.

¿Ese plan requiere que el gobierno de Estados Unidos levante las sanciones que impuso al sector petrolero de Venezuela y a PDVSA?
-Por supuesto. Las sanciones se impusieron porque estamos frente a un gobierno que viola derechos humanos y no respeta las instituciones como el caso de la Asamblea Nacional. Si eso se termina, hay un respeto a las instituciones y a los  derechos humanos, entonces el gobierno de Estados Unidos levantará las sanciones.

(*) Nota a la entrevista

a) Artículo 302 de la Constitución venezolana:  El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico.

b) Artículo 303 de la Constitución venezolana: El Estado conservará la totalidad de las acciones de petróleos de Venezuela, S.A., O del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de PDVSA