Asamblea Nacional declara inconstitucionalidad de poderes especiales de Quevedo en PDVSA

La Asamblea Nacional de Venezuela envió un mensaje a las embajadas en ese país y las socias extranjeras de PDVSA en empresas mixtas a desconocer el decreto presidencial No. 36228 aprobado por Nicolás Maduro que otorga poder especial al ministro de Petróleo y presidente de la estatal, mayor general Manuel Quevedo, para que realice contrataciones de bienes y servicios mediante adjudicación directa y apruebe cambios en la propia composición de la corporación y de sus filiales.
La propuesta de nulidad fue votada de manera unánime por la cámara dado a que, según el acuerdo, el decreto "viola abiertamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece que todo contrato debe ser aprobado por la Asamblea Nacional.
La declaratoria alerta a los directivos de PDVSA y del Ministerio de Petróleo en torno a que  "la compra o adquisición de bienes y servicios o firma de contratos será considerado una usurpación de funciones con todas las responsabilidades administrativas y penales que ello implica.
El debate lo inició el diputado Jorge Millant (Unidad/Distrito Capital) quien significó que PDVSA era un ejemplo de lo que en Venezuela se podía hacer, convirtiéndose en una de las transnacionales más importantes, pero “hoy es un despojo lo que queda de ella”.
"Si PDVSA no hubiera sido objeto de un asalto, seguramente hubiera recursos para que Venezuela tuviera un soporte para poder afrontar la terrible crisis que atraviesa", agregó.
Advirtió que la destrucción de la industria no ha cesado ni se ha logrado detener la caída de la producción, dejándose de producir 50.000 barriles diarios y que de continuar con la política de Manuel Quevedo y de Nicolás Maduro, se llegarían a producir tan solo 900 mil barriles diarios.
"Quevedo ha sido como los otros presidentes, muy nefasto para la industria y qué es lo que ha hecho Maduro como con todos los que han acabado con las instituciones públicas, pues lo ha ratificado y dado, a través de un decreto, poderes plenipotenciarios", refirió Millant a la vez que agregó que las acciones que tome Quevedo y que no tengan que ver con leyes nacionales y que no estén soportadas en el decreto de la Asamblea Nacional, son ilegales y, a los funcionarios, alertó que tarde o temprano, tendrán que presentarse ante la justicia por haber acabado con una industria fundamental para Venezuela.
El diputado Francisco Sucre (Unidad/Bolívar) subrayó que PDVSA hoy produce 1.000.400 mil barriles y que desde que el ex presidente Chávez llegó al poder se ha visto una caída del 57% en la producción y en estos 5 años del presidente Maduro aumentó la caída a 32%.
A su juicio, para el mes de diciembre, solo se estará produciendo entre 900.000 y 1.000.000 de barriles los cuales ya están comprometidos: "La deuda irresponsable que se adquirió con Rusia y con China se llevarán 400.000 barriles, el mercado interno 400.000 barriles más, y 60.000 se llevará el convenio con Cuba. No tendremos un solo barril de petróleo del cual generar "caja" para financiar los programas sociales, para pagar importaciones ya que el 96% del ingreso en divisas proviene del ingreso petrolero y en 2018 vendemos lo mismo que vendíamos en 1928 cuando apenas teníamos 3,2 millones de habitantes".
Sucre reveló que el decreto 3368 se fundamenta en otro inconstitucional como lo es el decreto de Emergencia Económica, aprobado en enero de 2016 -y rechazado por la AN- que según  la Constitución, las emergencias pueden durar 60 días prorrogables a un máximo de 4 meses y lleva ya 26 meses.
Señaló que la corrupción ha comprometido 180.000 millones de dólares, por lo que es necesario aplicar una reforma energética que permita reposicionar a PDVSA y propuso hacer reformas legales al marco fiscal de hidrocarburos.
El diputado Kerrys Marvarez (Unidad/Falcón), habló sobre los campos de refinación en el estado Falcón, donde se producían cerca del 80% del combustible del país y que hoy son solo monumentos a la corrupción.

El diputado Oscar Ronderos (Unidad/Nueva Esparta) denunció que cada uno de los dispositivos de ese decreto es inconstitucional, porque se fundamenta en un decreto de emergencia que fue prorrogado ilegalmente y rechazado por la.
Además ese mismo decreto, siendo inferior en rango a la Ley de Contrataciones Públicas, autoriza al presidente de PDVSA a violentar todo el proceso de licitaciones.