“Sanciones de EEUU serían responsables de 45,2% de la caída en la producción petrolera venezolana”

La firma consultora Anova realizó un estudio “Impacto de las Sanciones Financieras Internacionales contra Venezuela: Nueva Evidencia”, cuya método de análisis arrojó el efecto de estas medidas sobre la producción petrolera y los ingresos fiscales pero no sobre la oferta de alimentos y medicinas debido a que el Ejecutivo nacional encontró como alternativa la apertura económica y una mayor participación del sector privado y extranjero.
Al respecto los técnicos de Anova tomaron como hitos dos momentos que fueron claves en la adopción de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos: uno en agosto de 2017 cuando se aprobaron unas medidas que restringió y prohibió el financiamiento a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y luego en enero de 2019 cuando se establecieron las medidas que prohibieron el comercio de hidrocarburos entre ambos países.
“Las sanciones financieras de agosto de 2017 están asociadas con una disminución de la producción mensual de petróleo de 131.000 barriles diarios al momento del corte o 6,2% de la producción de ese momento”, indica el reporte de Anova. “Se estima una pendiente más pronunciada posterior a las sanciones, es decir, un incremento en la velocidad de caída de la producción mensual petrolera de unos 20.000 barriles diarios por mes después de agosto de 2017; y desde entonces y hasta diciembre de 2019 la producción petrolera venezolana cayó en 1,24 millones de barriles diarios, por lo cual, las sanciones estadounidenses serían responsables de 45,2% de la caída acumulada en la producción petrolera venezolana en ese lapso”, acota.
El estudio por el contrario refuta la declaración oficial de funcionarios del presidente Nicolás Maduro que apuntan a señalar a las sanciones de ser responsables de restricciones en el suministro de alimentos y medicamentos.
“No existe evidencia de que las sanciones hayan tenido un efecto negativo sobre la disponibilidad de insumos
humanitarios básicos. Por el contrario, las sanciones de agosto 2017 están asociadas, directa o indirectamente,
con un aumento y posterior estabilización de las importaciones de alimentos y medicinas”, menciona el informe. “A partir del segundo semestre de 2017, el gobierno abandonó de facto sus políticas de controles de precios y de cambio, y permitió la libre importación de bienes y servicios”, agregó.
Anova también recuerda que antes de agosto de 2017 la situación económica y social de Venezuela era crítica debido a las medidas de controles que se iniciaron en el gobierno de Hugo Chávez y se exacerbaron con Nicolás Maduro.
La producción petrolera cayó
“Para mediados de 2017 la economía venezolana tenía 14 trimestres consecutivos
de contracción económica; se encontraba a puertas del inicio de la hiperinflación; había perdido acceso efectivo a todos los mercados financieros internacionales; su producción petrolera experimentaba una prolongada tendencia declinante de más de 2 años de duración; y las importaciones de bienes humanitarios esenciales como alimentos y medicinas habían colapsado en aprox. 70% desde 2013”, puntualiza. “En este contexto, colapsaron sus principales indicadores socioeconómicos, incluyendo niveles record de pobreza territorial, aumento de la desnutrición y mortalidad infantil; graves restricciones de acceso a la alimentación y salud; y migración forzada de millones de habitantes. De hecho, para la fecha ya la situación del país era considerada una Emergencia Humanitaria Compleja”, puntualiza.