“Plan Delcy” reconoce legalidad del bono PDVSA 2020 y propone reestructurar 71% de la deuda pública externa

La ministra encargada de Economía y Finanzas de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez, retomó el plan de renegociación con los tenedores de bonos de la República, Petróleos de Venezuela y la desaparecida Electricidad de Caracas que hace tres años había iniciado Tareck El Aissami por un monto por el orden de 65.507 millones de dólares, lo que representa 70% de la deuda pública externa registrada por el Banco Central de Venezuela. En el mundo financiero la propuesta -cuya lapso de aceptación vence el 13 de octubre de 2020- empieza a ser llamada como “El Plan Delcy” y uno de los propósitos es deslegitimar a la Junta de Reestructuración de la Deuda nombrada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
El monto en negociación incluye alrededor de 28.700 millones de dólares emitidos por PDVSA, entre los que se encuentra el bono PDVSA 2020 sobre el que está planteado un pleito jurídico ante una Corte de Nueva York porque se trataría de un título ilegal de acuerdo a los argumentos presentados por representantes de la Asamblea Nacional en contra de los acreedores encabezados por el fondo de inversión Ashmore.
“La oferta al incluir al PDVSA 2020 implica un reconocimiento por parte del régimen de Nicolás Maduro”, sostiene el abogado José Ignacio Hernández, ex procurador especial, quien ha argumentado sobre la ilegalidad de este título debido a que no tuvo el aval del parlamento y se puso en garantía un activo como es Citgo. “El fondo Ashmore ha utilizado todos los insumos que Maduro le ha dado pero no sé si con este plan pase lo mismo”, acotó.
La propuesta, más que como un plan de reestructuración, ha sido asumida como un reconocimiento que hace la administración Maduro a los acreedores, sobre todo frente a las palabras explicativas que dio la ministra Delcy Eloína al momento de leer el comunicado.
“Con esta medida, la República presenta una nueva muestra de su actuación de buena fe y espíritu de cooperación con el objeto de continuar avanzando en un proceso de reestructuración que permita salvaguardar los derechos de los acreedores sin afectar el proceso de crecimiento y recuperación del país”, dijo la funcionaria.
Representantes legales vinculados a la defensa de los tenedores de estos títulos evalúan la conveniencia de introducir el llamado “Plan Delcy” como parte de las pruebas legales que se han presentado ante la Corte de Nueva York  para lograr que la Corte de Nueva York emita un fallo contrario a la solicitud de nulidad realizada por las autoridades de la junta de administración ad hoc de PDVSA, a nombre del parlamento venezolano.
“Se está buscando poner presión a los Estados Unidos, a los acreedores la oportunidad de negociar  y en el proceso suspender la protección que el Departamento del Tesoro le dio a Citgo”, comentó una fuente vinculada con el proceso.