El proyecto de ley antibloqueo permite la posibilidad de que empresas privadas puedan importar gasolina y que esa negociación con Petróleos de Venezuela (PDVSA) se haga de manera confidencial, aspecto que se hace para evadir las sanciones de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro, según indica el el abogado Julio García Zerpa, presidente de la Comisión de Justicia, Transparencia y Tutela Efectiva de la Asamblea Nacional Constituyente.
“Estamos buscando mecanismos excepcionales porque no podemos y pocas empresas mundialmente puedan exponerse a una sanción por parte de Estados Unidos a través de la OFAC; por eso debemos crear un marco de inversiones que sea atractivo sobre todo para el sector petrolero, y es necesario entre las condiciones que el procedimiento de contratación, fijación de condiciones y de participantes tenga carácter sumario”, dijo García Zerpa. “Hemos tenido que vender petróleo y comprar combustibles prácticamente como piratas, pagando en efectivo en el Caribe”, acotó al señalar los problemas que ha afrontado PDVSA para exportar o importar.
El artículo 34 del proyecto de ley antibloqueo consagra el establecimiento de un régimen transitorio sobre reserva, confidencialidad y de divulgación limitada de información con la finalidad de asegurar “la efectividad” de las decisiones tomadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en el marco de un escenario de sanciones.
En tal sentido, García Zerpa también alegó que el criterio de confidencialidad permitirá que PDVSA pueda delegar funciones para evadir las restricciones de la OFAC y al mismo tiempo facilitar las inversiones.
“La asociación de empresas mixtas exige que el Estado debe tener más de 50% de las acciones y eso se corresponde con el capital que debe inyectar a la operación pero todos sabemos que se requiere grandes recursos y en este momento la capacidad del Estado están mermadas, por eso tenemos que dejarnos de dogmas y buscar mecanismos para avanzar en nuevos esquemas de negocios”, dijo.
También argumentó que la ley antibloqueo está por debajo de la Constitución pero por encima de las legislaciones orgánicas como la de hidrocarburos o reordenamiento del mercado interno de combustibles.
PUBLICADO: 05 de octubre de 2020