“Citgo se quedaría acéfala si desaparece el Gobierno interino”

Por Liliana Cadena y Andrés Rojas Jiménez

La oposición venezolana se encuentra dividida sobre la continuidad o no del Gobierno interino, decisión que tienen implicaciones sobre los activos que tiene el país en el exterior, comenzando por Citgo, la empresa de refinación filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en los Estados Unidos y además Monómeros Colombo Venezolano, la empresa petroquímica de Pequiven en Colombia.
El abogado José Ignacio Hernández ya no está al frente del cargo de procurador ad hoc que le confirió la Asamblea Nacional electa en 2015, pero no deja de expresar a través de sus redes sociales sus posiciones. Petroguía conversó con él sobre el riesgo de esos activos si se decide no mantener la figura del Gobierno interino vigente desde enero de 2019 y a Juan Guaidó como presidente encargado.

-¿Qué pasaría con los activos que tiene Venezuela en el exterior como Citgo en los Estados Unidos, Monómeros en Colombia o los pleitos judiciales que afronta la República en el exterior si la Asamblea Nacional del año 2015 decide no mantener la figura del Gobierno interino?

-Si por decisiíon de la Asamblea  Nacional electa en el año 2015 desapaece, se extingue o se elimina la figura del Presidente encargado o del llamado Gobierno interino, Nicolás Maduro como gobierno de facto o de hecho va a estar en una posición única para reclamar el control de los activos en el extranjero, especialmente a lo que respecta a Monómeros en Colombia, Citgo en Estados Unidos y los depósitos del oro en el Banco de Inglaterra. Particularmente, en el caso de Citgo la extinción del gobierno interino crearía una severa crisis de gobernanza en la empresa porque ya la junta administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela (PDVSA), designada por el presidente encargado, no podría actuar como representante del accionista que tiene el control de Citgo; y Maduro tampoco podrá ejercer ningún derecho en representación de las propiedades de PDVSA debido a las sanciones. Eso implicaría que Citgo se quedaría acéfala sin empresa matriz y eso definitivametne podría acelerar los riesgos a los cuales se enfrenta esa compañía debido a los reclamos heredados de los régimenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

-Esta la propuesta hecha por el dirigente de Primero Justicia y diputado Julio Borges como es la creación de un fideicomiso para que pueda protegerse o preservarse esos activos. ¿Eso tiene viabilidad y reconocimiento?

-Me permitio señalar tres obseraciones al respecto: la primera, no he leido la propuesta escrita sobre el fideicomiso. Esa es una idea que el diputado Julio Borges ha venido exponiendo de manera muy general. En segundo lugar, es importante recordar que el fideicomiso no es más que un contrato y eso no es más que la expresión de una capacidad legal para actuar con lo cual el elemento central no es si se firma o no un contrato de fideicomiso sino quién representa al gobierno de Venezuela frente a un eventual contrato de fideicomiso y allí solo hay dos opciones.

-¿Cuáles?

-Esa representación recae en el Gobierno interino o en el ŕegimen de Maduro. Si desaparece el Gobierno interino, Maduro retomará la capacidade de actuar y podrá deshacer cualquier contrato de fideicomiso que se celebre. Por último, y quizás lo más importante, el principal activo de Venezuela en el extranjero es Citgo, que no se puede tener en fideicomiso porque, primero, hay una prohibición de la Corte de Delaware de 2018  que impide a PDVSA disponer de las acciones de Citgo; y segundo, porque con toda seguridad cualquier cesión o traspaso de PDVSA va a ser considerada por los acreedores como una acción fraudulenta y hay que recordar que el estado de Delaware, donde fue constituido Citgo tiene una legislación que prohibe el fraude comercial y ya ha sido invocado por diversos acreedores para demandar a PDVSA y a Citgo. Por lo tanto y en resumen -aún cuando no he leído el detalle de la propuesta – por lo poco que se, diría que no es una propuesta viable vistas las circunstancias legales.

-¿Qué previsiones o cambios se pudieran tomar?¿Se puede introducir algún recurso legal para evitar esta situación y no comprometer los activos de Venezuela en el exterior?

-Lamentablemente como ya sucedió en 2018 y en 2020, los venezolanos estamos llegando a fin de año sin tener una definición clara sobre el destino del gobierno interino y eso no es la decisión deseada porque sea cual fuere la decisión que se va a tomar: bien sea la extinción del gobierno interino,  lo cual sería inconstitucional y generaría repercusiones negativas; o la continuidad del gobierno interino a través de una reforma administrativa profunda. Cualquiera sea la decisión hay mucho que hacer y el tiempo es corto, así que creo importante por parte de los medios de comunicación y la opinión pública es insistir que cualquier que sea la decisíon que se tome y se comunique de manera transparente sea en el menor tiempo posible porque de ella depende una serie de implicaciones legales que no pueden darse el lujo de esperar a última hora.

Si la Asamblea Nacional de 2015 decide no mantener la figura del Gobierno interino o de transición, ¿qué pasaría con los pleitos judiciales que están en Estados Unidos como el de los bonos PDVSA 2020 o los reclamos que han hecho empresas como Crystallex que buscan tomar el control de Citgo para cobrar un fallo de un arbitraje internacional?

-La representación judicial de Venezuela está atada al reconocoimiento  de ese gobierno, por tanto solo el Gobierno interino puede representar a Venezuela en las demandas judiciales de Estados Unidos, que son prácticamente la totalidad de las demandas derivadas de la deuda pública legal. Si desaparece el Gobierno interino, entonces el gobierno de facto de Nicolás Maduro no solo podrá reclamar el control sobre los activos sino que va a poder asumir el control de esos juicios; y por lo tanto, la defensa judicial de Venezuela en todos esos casos recaerá en el gobierno de facto de Nicolás Maduro, quien hasta el año 2019 mantenía esa defensa con resultados catastróficos para la defensa de esos activos. Vale la pena recordar que ese gobierno de facto ha ejercido la representación judicial de PDVSA en diversas reclamaciones en el Caribe y en todos esos casos el resultado ha sido contrario a los intereses patrimoniales de PDVSA porque los acreedores han podido embargar activos en el Caribe. Incluso, un caso muy delicado como fue el de las acciones de Propernyn B.V., que es la empresa matriz de Nynas. Por tanto, el panorama no es solo que los juicios pasan al control del regimen de Nicolás Maduro sino que si tomamos en cuenta la evidencia que estoy aludiendo, eso implicaría que esos juicios -bajo el control del régimen de Nicolás Maduro- pudiesen derivar en la pérdida definitiva de activos estratégicos como Citgo, de nuevo como como consecuencia de la deuda pública legada de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

-¿Qué responde frente al argumento que han señalado tanto Henrique Capriles como Julio Borges de que esa figura del Gobierno interino fracasó y que la oposición debe ir a otro esquema de cómo sacar a la administración de Nicolás Maduro?

-Es una opinión que respeto pero no comparto y que no considera que estamos lidiando frente a un fenómeno complejo. Lamentablemente en muchos análisis se adoptan posiciones binarias o simples.  Un problema complejo con varibles no puede solucionarse de esa manera. Cuando hablamos de Gobierno interino hay que hablar en realidad y al menos de dos cosas independientes pero relacionadas. La primera es la competencia constitucional del presidente de la Asamblea Nacional para actur como  Presidente encargado de la República hasta que no se celebren  elecciones presidenciales. Esa no es una consecuencia política, no es una estrategia de transición, tampoco es resultado de un acuerdo político sino que es resultado de la aplicación del artículo 233 de la Constitución; pero también el Gobierno interino es una estrategia de transición, que como lo resume el Estatuto partía del hecho del cese de la usurpación. Inéquivocamente ese cese de la usurpación como fue previsto en el Estatuto no se logró y por lo tanto hay que cambiar la estrategia pero el hecho de que sea necesario cambiarla no implica violar la Constitucion, desconocer al Presidente encargado y además darle a Nicolás Maduro la representación de Venezuela y el control de los activos. El reconocimiento de Nicolás Maduro no es una estrategia de democratización sino para consolidar su régimen autocrático y alejar todavía más la posibilidad de un cambio democrático en Venezuela.

-¿Es necesario entonces una reforma del Estatuto que consagra la legalidad del Gobierno interino y que sea aceptada por Estados Unidos y Colombia?

-Absolutamente. También en el  caso de Reino Unido. Esa es una tarea pendiente desde el año pasado cuando se reformó el Estatuto.

-¿No cree que ha faltado liderazgo o una posición firme de quien encabeza la Asamblea Nacional como es Juan Guaidó?

-Claro que ha faltado esa decisión. El año pasado con la continuidad consttiucional de la legislatura y de la Presidencia encargada tuvimos que esperar hasta el 28 de diciembre. La indecisión no es una opción en Venezuela y lamentablemente lo que veo desde afuera es que de nuevo estamos en las mismas discusiones políticas y en el mismo toma y dame. En definitiva, eso lo que hace es alejar una solución en el tiempo y eso debilita más todavía una posición que ya de por sí es bastante comprometida.

-¿No percibe que falta liderazgo por parte de Juan Guaidó y vemos como se hacen más visibles las contradicciones y enfrentamientos en la oposición?

-Yo sobre el aspecto político de la cuestión prefiero no opinar y mantenerme en mi cancha de lo legal. Si quisiera apuntar dos cosas: primero, el Presidente encargado Jaun Guaidó ya ha reiterado en distintas comunicaciones que él va a continuar al frente de la Presidencia de la República con base al artículo 233 de la Constitutición, es decir, creo que él ya ha dado esa muestra de apoyo. Lo que falta es la decisión politica sobre cómo se va a materializar esa decisión y aquí lamentablemente sigue pesado un mal entendido que se generó a fines de 2018 y es la idea constitucionalmente errada según la cual el Gobierno interino es una especie de gobierno parlamentario, en el cual las decisiones se toman  desde el parlamento. Eso implica que el Presidente encargado per se no pudiese tomar alguna decisión porque está atado a las decisiones que dicte la Asamblea Nacional y pareciera entonces que se debe esperar que el parlamento -actuando como un supuesto gobierno- decida qué a pasar en 2022. Repito que esa no es una solución apegada a la Constitucióin. Quien tiene el título de Presidente de la República en condición de encargado es el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, hasta tanto se celebren elecciones.