Repsol y Ecopetrol aspiran que la OFAC les agilice licencia para hacer negocios con PDVSA

La situación energética mundial generada por la invasión militar de Rusia en Ucrania es la principal razón por la que progresivamente el gobierno de Joe Biden ha optado por una flexibilización en la política de sanciones hacia el gobierno de Nicolas Maduro y Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).
La empresa española Repsol y el gobierno de Pedro Sánchez han agilizado en Caracas sus gestiones ante la propia administración de Maduro y toda su acción de lobby en Washington ante la OFAC con el fin de alcanzar un beneficio similar al que recibió Chevron a finales de noviembre de 2022.
El gobierno de España nuevamente vuelve a tener embajador en Venezuela con la designación de Ramon Santos Martínez, quien desde diciembre de 2021 se desempeñaba como encargado de negocios. De tal manera que con esta decisión se marca un viraje tomando en cuenta no solo que este país había reconocido a Juan Guaidó como presidente interino e incluso anterior embajador, Jesús Silva, fue clave para mantener al dirigente Leopoldo López en su residencia en Caracas y luego para su salida hacia Europa.
Repsol por su parte ha emprendido gestiones ante PDVSA con el fin de alcanzar por un lado el control operacional y gerencial en las empresas mixtas en las que tiene participación en el sector petrolero venezolano como es Petroquiriquire, con operaciones al sur del lago de Maracaibo y en El Furrial en el oriente del país, además de Petro Carabobo en la faja del Orinoco; pero sobre todo en la operación de Cardón IV –en sociedad con la italiana ENI- que es la principal inversión de gas natural que se haya hecho en Venezuela.
Repsol y ENI ya habían sido beneficiadas con una licencia por parte de la OFAC en 2022 para recibir crudo venezolano como compensación por las deudas que les debe PDVSA, principalmente por la factura de Cardón IV, pero estos despachos no han tenido la regularidad debido a que todo el cargamento se dirige a compensar obligaciones sin dejar beneficios en efectivo a Venezuela.
En lo que respecta a la colombiana Ecopetrol, la licencia que gestiona ante la OFAC está dirigida a recibir una autorización similar a la recibida por Trinidad y Tobago, que al final beneficia a Shell para la importación de gas natural desde el campo Dragón ubicado en aguas marítimas en el oriente venezolano. La intención del gobierno de Gustavo Petro es agilizar negociaciones y concretar acuerdos con el fin de importar gas a través del gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte.
Un punto clave para Ecopetrol es si está dispuesta a reducir sus ventas de crudo a Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos pero que no está controlada por el gobierno de Maduro y cuya directiva actual fue nombrada por la oposición venezolana.