Causa de la explosión en planta de gas en Monagas se polariza entre “ataque terrorista” versus “manejo negligente”

La presunta explosión ocurrida en el área cercana a la segunda de las plantas de inyección de gas a alta presión (PIGAP II) al norte del estado Monagas, ocurrida el pasado 20 de marzo, muestra señalamientos que entran en la polarización política que existe en Venezuela, tanto por las acusaciones hechas por la administración de Nicolás Maduro como por las argumentaciones presentadas por parte de representantes de la oposición, que advierte sobre fallas de mantenimiento semejantes a las que se dieron en el accidente de la refinería de Amuay en agosto de 2012.
El ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, mediante una declaración por Venezolana de Televisión y luego por un comunicado emitido por ese despacho y PDVSA, aseguró que lo ocurrido en PIGAG II fue “un ataque terrorista” y “acción criminal” ocurrido en la población de El Tejero sin especificar los daños ocasionados y cómo quedaba afectada la inyección de gas natural en yacimientos petroleros.
“Este hecho se suma al expediente criminal de sanciones, bloqueos, sabotajes, amenazas, que ha sufrido nuestra principal industria petrolera con la pretendida intención de interrumpir todas las operaciones asociadas a PDVSA en sus distintas áreas”, dijo El Aisssami. “Gracias a Dios que no tenemos reportes de víctimas de este atentado, de igual manera queremos informar que hemos desplegado todos nuestros equipos, y los protocolos de contingencia, para garantizar en lo inmediato la restitución operacional de esta infraestructura atacada”, señaló.
La oposición por su parte optó porque fuera la junta de administración ad hoc de PDVSA, nombrada por la Asamblea Nacional electa en el año 2015 y que sigue presidida por el diputado Juan Guaidó, la que emitiera un comunicado en el que atribuye el accidente de PIGAP II al manejo negligente de la industria petrolera por parte del régimen de Nicolás Maduro”, aunque aclara que el pronunciamiento se hace sobre los videos que se han difundido e indica que se requiere de un examen exhaustivo.
“La planta PIGAP II no explotó; todo parece indicar que se trató de una fuga de gas que podría deberse a causas como incumplimiento de los protocolos de mantenimiento preventivo para detectar y reparar corrosión y desgaste de la tubería u operación por encima de la presión nominal, cambio de condiciones de operación y la impericia en su manejo”, señala el comunicado de la junta ad hoc de PDVSA. “Es importante destacar que los ductos en Venezuela dejaron de ser inspeccionados alrededor del año 2010 aún cuando la norma establece inspeccionarlos como mínimo casa cinco años”, acota.
El documento señala que pudo darse un accidente catastrófico y advierte que la suspensión de actividades de la planta incrementa el venteo o “la quema de gas” que se genera de la actividad petrolera y ante la imposibilidad de inyección de yacimientos puede agravarse la producción de crudo en esa zona del país.
La junta ad hoc de PDVSA de manera directa no se refiere a lo declarado por El Aissami pero sí refuta sus acusaciones. “Rechazamos de manera categórica y contundente, las acostumbradas, irresponsables y repudiables declaraciones de voceros del régimen que atribuyen, como es su uso y costumbre, a causas de sabotaje lo ocurrido en El Tejero. Se trata de una burla a los venezolanos y la ratificación de la incompetencia”, señala el comunicado.