El emblemático proyecto de Cardón IV salió a relucir en la segunda discusión de expertos sobre una nueva ley de hidrocarburos en Venezuela (Foto Repsol)
La Comisión de Petróleo y Energía de la Asamblea Nacional realizó la segunda reunión con expertos para discutir sobre la alternativa de aprobar una nueva ley de los hidrocarburos en Venezuela o se reforma la legislación vigente. En este encuentro -como en el primero- hubo voces a favor de una u otra opción, pero surgió la propuesta de un híbrido, es decir, aprobar un marco legal que combine ambos, la reforma para el corto plazo o emergencia y el nuevo marco legal para el mediano y largo plazo. “Puede darse una tercera opción que junte ambos proyectos“, dijo el abogado Iván Lara, asesor de esa dependencia del parlamento.
Esta reunión incluyó a varios especialistas en el área de gas natural, quienes cuestionaron que la propuesta de una nueva legislación -que fusiona hidrocarburos líquidos con gaseosos- y la calificaron de ser un retroceso cuando se compara con la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (LOHG), aprobada en 1999.
“Ya se cuenta con una ley que contempla al gas natural como apalancador y en cambio en el proyecto de una nueva ley se le deja de lado”, dijo la abogada Tahío Méndez, quien recordó que la LOHG se permite la participación total de privados y foráneos en las licencias y se cuenta con un organismo regulador como es el Ente Nacional del Gas (Enagas), que más bien requiere que se le fortalezca y se le otorguen las competencias que le corresponde. “¿Para qué cambiar la ley?”, se preguntó. “Se cuenta con el Enagas”, agregó; y terminó por afirmar que “es importante la estabilidad jurídica pero eso no quiere decir que las normas sean estáticas”.
Más tajante fue la ingeniera Lorena Domínguez, quien forma parte de la Mesa de Gas del Plan País quien señaló que “en el anteproyecto de una nueva ley hay un retroceso para el sector del gas natural”; y en la misma línea se pronunció el ingeniero Antero Alvardo, director de la firma Gas Energy Latin America.
“Me preocupa que en la nueva ley, el tema del gas no queda muy claro hacia dónde va, habla de que el mercado interno quedaría delegado al Ministerio, no queda claro el destino del Enagas y no se está viendo la posibilidad de exportación”, dijo Alvarado durante su intervención. “Se propone una agencia venezolana de los hidrocarburos, que creemos no tendrá la capacidad para regular al usuario final de gas y eso es un trabajo muy complejo”, añadió.
En el criterio de los especialistas sobre gas natural hay críticas al anteproyecto porque ignora la tendencia mundial que concibe a este hidrocarburo como la fuente energética de la transición, se omite el potencial exportador que tendría Venezuela, comenzando hacia Trinidad y Tobago y otros países del Caribe; y no toma en cuenta el éxito de inversión que ha sido el proyecto de Cardón IV por parte de Repsol y ENI, el cual no ha avanzado en su plan original no por un asunto legal sino tarifario.
También en defensa del rol del gas natural estuvo Carmen Elisa Hernández, presidenta de la empresa binacional Monómeros Colombo Venezolanos; y que a su vez es una cercana colaboradora y asesora del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien esta vez se abstuvo de tener una presencia notoria en la reunión como sí ocurrió en la primera.
En la reunión sí estuvieron presentes aunque no intervinieron los ingenieros Luis Pachecho, presidente de la junta de administración ad hoc de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y Juan Szabo, ex vicepresidente de exploración y producción de la estatal, quien ha coordinado la propuesta de aumento de producción de crudo del Plan País.
Se habla de regalía
El principal defensor del anteproyecto de una nueva ley fue el abogado Carlos Bellorín, quien desde el año pasado ha participado como parte del equipo que redactó este texto y abiertamente pidó un consenso para el cambio total del régimen legal de los hidrocarburos.
“Hemos corrido modelos de más 700 activos en el país y puedo decir que 70% no son económicamente viables bajo las condiciones de la ley actual”, dijo Bellorín. “Creo que el anteproyecto de una nueva ley es progresivo, flexible y permite crear esquemas adaptables a los campos del país y a los cambios en la rentabilidad por la volatilidad en los precios del mercado petrolero”, puntualizó.
Sin embargo, tiene una crítica al anteproyecto: que se fije un rango en la tasa de regalía que va de un mínimo de 5% hasta un máximo de 16,57% y se argumente políticamente que el topo mayor de la alícuota porque fue la que se utilizó en la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 1943, la cual estuvo vigente por 58 años. “Por razones históricas no tenemos por qué mantener esa regalía de 16,67% y más bien podría ser de 15% como predomina en la región”, dijo.
Explicó que una reducción en la regalía –actualmente está en 30%- permitiría una masificación en los proyectos de exploración y producción y aseguró que de aprobarse este marco legal se daría un viraje en legislación: se privilegia la actividad del sector preservando el medio ambiente antes que una política fiscal orientada a “capturar renta”.
Las palabras de Bellorín encontraron respuesta por parte del abogado en materia de impuestos y ex diputado, Leonardo Palacios, quien además fue presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y está debutando como presidente de la Cámara de Comercio de Comercio de Caracas.
“Hay que tener una visión global de las finanzas públicas y a la regalía hay que verla con cuidado, más en una etapa de transición porque es un tributo esencial que otorga viabilidad, estabilidad y sostenibilidad fiscal”, dijo Palacios. “Me sorprende cuando se dice que los referentes históricos no deben estar presentes. Hay un tema de disciplina fiscal que no puede reducirse, manipularse o preferirse simplemente por el efecto de abrir inversiones sin establecer el condicionamiento fundamental de cómo es un esquema fiscal”, puntualizó.
Reconoció que Venezuela es la nación petrolera con mayor presión fiscal sobre el sector petrolero –el llamado governmente take- pero indicó que la reducción de esa carga no solo pasa por bajar la regalía sino también por eliminar las contribuciones parafiscales o especiales que se han ido estableciendo, sobre todo durante el gobierno de Hugo Chávez, así como la eliminación de una disparidad de impuestos municipales por parte de las alcaldías o que no se cumpla con la devolución o reintegros de los créditos fiscales por pago de IVA en la importación de bienes de capital, rebajas impositivas por nuevas inversiones o reconocimiento de la depreciación de activos para el pago de impuesto sobre la renta.
Propuso que se cree la intendencia tributaria petrolera como una división del Seniat, es el organismo de administración tributaria en Venezuela; y que se avance en la discusión de una ley de armonización en materia de impuestos.
A manera de recordatorio, Palacios dijo: “Estamos en un proceso grave de institucionalidad y debemos tener claro que en una transición, la necesidad de emergencia no implica el apuro, pero sí gobernabilidad y también sostenibilidad institucional junto a la financiera”.
Excesos de regulación
El abogado César Mata García, quien también forma parte del equipo de asesores técnicos de la Comisión de Petróleo y Energía del Poder Legislativo, recordó la coyuntura actual por la que enfrenta Venezuela y puntualizó que el principal problema no se encuentra en la regulación sino en la intervención del Estado en la actividad empresarial.
“El Estado siempre va a tener la facultad de intervenir el negocio. Sin embargo, no siempre va a tener la oportunidad de atraer inversiones y estamos en un momento que se requiere atraer inversiones y acabar con el dogma de ser empresario”, dijo Mata García.”Lo que hay es un exceso de control en la actividad y eso ha llevado a que se creen unos cuellos de botella que van desde la exploración hasta el expendio de gasolina como lo estamos viendo en este momento en Venezuela. Cualquier propuesta legislativa debe estar destinada a promover o destrancar la inversión privada”, dijo.
Puntualizó que “sin consenso entre los técnicos, no se logrará consenso político”, “la seguridad estabilidad jurídica deben prevalecer independientemente del cambio político”
Otra de las expertas del sector que intervino fue la abogada Gabriela Rachadell, ex directora de la Cámara Petrolera de Venezuela y asesora legal de empresas transnacionales, quien insistió en la estabilidad jurídica, una baja carga impositiva para los inversionistas y flexibilidad en las opciones de participación por parte de las empresas foráneas.
PUBLICADO: 06 de junio de 2020
