Las licencias a Chevron, Repsol y Maurel & Prom enfrentan a la oposición venezolana

La frase “hay que lograr que lluevan sanciones” -vociferada por el dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López días después de las elecciones del 28 de julio- no encontró eco entre los representantes de las otras organizaciones políticas que hacen vida en la Plataforma Unitaria Democrática como son Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y la Acción Democrática que le rinde cuentas a Henry Ramos Allup desde hace 25 años.
Tampoco ha sido avalada por el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien evita responder sobre la materia. “Es un tema importante, pero no quiero opinar sobre el particular”, dijo el ex candidato presidencial en una entrevista a la agencia Reuters cuando se le preguntó: ¿Estados Unidos y la Unión Europea deberían reforzar sanciones?¿Deberían revocarse las licencias petroleras?.
En la narrativa de la dirigente María Corina Machado, el tema de las licencias cuidadosamente no está en su discurso, aunque sus allegados no descartan que pudiera dar un pronunciamiento sobre esta materia; y los dirigentes de oposición que forman una minoría en la Asamblea Nacional en Venezuela abiertamente rechazan la política de sanciones.
Esto implica que esta vez Voluntad Popular es el único partido –junto a una facción de Primero Justicia- que respalda eliminar las licencias que tienen las empresas Chevron, Repsol y Maurel & Prom y que intenta una revocatoria recurriendo a representantes del Partido Republicano.
“En el Congreso de los Estados Unidos, María Elvira Salazar solicitó la revocatoria de las licencias petroleras que se le entregaron a Nicolás Maduro en el contexto del Acuerdo de Barbados y que obviamente incumplió”, declaró López al referirse a la solicitud hecha por Salazar a sus colegas y al propio gobierno de los Estados Unidos.
La dirigencia de Voluntad Popular fue clave para incidir ante las instancias públicas de los Estados Unidos en 2019 cuando se constituyó el gobierno interino que encabezó Juan Guaidó a través del rol de embajador que cumplió Carlos Vecchio.
López y su partido mantienen el criterio que debe cesar la vigencia de la Licencia General Nº 41 de noviembre de 2022, que otorgó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) y que permitió a Chevron invertir para recuperar la producción en las áreas operadas por las empresas mixtas en las que tiene participación y comercializar una fracción del crudo extraído en los Estados Unidos para  cobrarse parte de la deuda que le debe Petróleos de Venezuela (PDVSA) por el orden de los 4.000 millones de dólares.
Chevron por su parte ha activado su acción de lobby en Washington ante el riesgo que acciones como las que impulsa López reviertan ese permiso, el cual se renueva automáticamente todos los primeros de cada mes. El argumento de la empresa, en principio, se centra en recordar la importancia de que se trata de la única corporación estadounidense con presencia en Venezuela y eso otorga un poder de negociación y presión no solo a favor de la compañía sino para el propio gobierno de los Estados Unidos frente a la administración de Nicolás Maduro.
En Washington hay representantes de organismos multilaterales que aseguran que fue Chevron la que gestionó un encuentro en Caracas a principios de marzo de 2022 entre el presidente Nicolás Maduro y dos funcionarios del gobierno de Joe Biden: el director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, Juan González, y el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story.