El riesgo de perder Citgo aumenta por incumplimiento en los acuerdos de Barbados

El propósito de lo que se llamó el Acuerdo No. 2 de Barbados suscrito entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria -formalmente denominado Acuerdo parcial para la protección de los intereses vitales de la nación- partía del hecho que después de la firma las partes comenzarían a negociar una posición conjunta para proteger a Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en los Estados Unidos de la embestida de los acreedores, pero las opciones que se plantearon ni siquiera entraron en fase de conversación.
El numeral tercero de ese texto señala que las partes acuerdan “defender los bienes y la propiedad de la empresa Citgo para preservar los intereses vitales y el patrimonio del pueblo venezolano” y el cuarto compromete a las partes –representadas por Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde- en “hacer esfuerzos para la preservación de los activos de la República en el exterior, así como para la defensa de la integridad territorial venezolana y la soberanía nacional.
El gobierno de Nicolás Maduro de entrada estuvo negado en rechazar a un representante legal acordado con la plataforma que fungiera como procurador y tuviera el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos. Tampoco se iba a aceptar la directiva de Citgo que encabeza Carlos Jordá, como fue una recomendación hecha por parte de representantes del gobierno de los Estados Unidos, por mucho que haya logrado mejoras en la situación financiera de la compañía y menos admitirían en la negociación con los acreedores a miembros de la directiva de junta de administración ad hoc de PDVSA, que encabeza Horacio Medina.
Por el lado de la oposición tampoco se ha dado una posición conjunta. Por un lado está la posición con sesgo técnico y legal,  que representa la propia directiva de Citgo en conjunto con PDVSA hoc y los abogados que se incorporaron a la Procuraduría Especial; luego está la que tiene la directiva de la Asamblea Nacional de 2015 que lidera la dirigente de Primero Justicia, Dinorah Figuera, y luego la que sigue ejerciendo personas que tuvieron un rol en el gobierno interino como el propio Carlos Vecchio, el abogado José Ignacio Hernández e incluso Leopoldo López y hasta el mismo Juan Guaidó.
En el marco de la firma de los acuerdos de Barbados se insistió en la protección de activos, pero al respecto ni Jorge Rodríguez por el oficialismo ni Gerardo Blyde por la oposición volvieron a referirse sobre las implicaciones que tenía la llamada protección de activos.