El ministro Tareck El Aissami mantiene hermetismo sobre intención del gobierno de derogar ley que estatizo servicios conexos (Foto Ministerio de Petróleo)
El presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Pedro Ramón Tellechea, en las reuniones que ha tenido con sus trabajadores o representantes de organizaciones empresariales ha asegurado que durante el lapso enero-abril de 2023 se registrará un repunte en la actividad productiva del sector de los hidrocarburos con respecto a 2022.
“Pueden estar seguros que la proyección para este cuatrimestre es de crecimiento para toda la industria petrolera”, dijo Tellechea en un encuentro con licenciatarios de estaciones de servicio.
La perspectiva, sin embargo, para operaciones upstream o aguas arriba, es decir, las vinculadas directamente a la extracción de crudo, ligeramente han cambiado en enero y febrero con respecto al optimismo que había a fines de noviembre cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) autorizó a Chevron a importar crudo venezolano de sus operaciones conjuntas con PDVSA.
La razón fundamental apunta a que por ahora el trabajo de Chevron se está limitando a rehabilitar pozos y la infraestructura existente, pero afrontando trabas por el deterioro de las instalaciones, falta de personal calificado, cortes eléctricos e indefinición por parte del Ministerio de Petróleo y PDVSA sobre reformas legales y reglamentarias más flexibles a los privados.
Un aspecto que no logra respuesta del Ejecutivo nacional es responder a la petición hecha por la Cámara Petrolera de Venezuela de reformar o derogar la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de hidrocarburos aprobada en 2009 y que estatizó a las empresas contratistas de PDVSA; sobre todo, las que operaban en la costa oriental del lago de Maracaibo o en el norte del estado Monagas.
El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, Ángel Rodríguez, elude referirse a esta materia debido a que no han recibido una instrucción del Ejecutivo o al menos una declaración oficial que indique que esa Ley está sujeta a revisión.
“Este año vamos a tener un arranque importante en lo que tiene que ver con la producción de petróleo y el aumento depende principalmente de la participación del sector privado”, comentó Rodríguez. “Por la Comisión han pasado inversionistas importantes buscando canales de comunicación con el Ministerio de Petróleo, la industria y el Gobierno nacional en función de cómo logran acordarse acuerdos en proyectos en los que pudieran participar”, acotó.
Se asegura que el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), que es un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, acumula cerca de 600 proyectos de inversión en Venezuela vinculados al petróleo o gas natural, pero estos planes justamente no logran avance porque se remiten a tener como sustento legal solo la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional, que genera incertidumbre principalmente a empresas foráneas.
PUBLICADO: 16 de febrero de 2023
