“Hemos trabajando con la Casa Blanca para hacer posible que Trinidad y Tobago tenga acceso al gas venezolano”

El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, emitió una declaración en la cual revela no solo las gestiones que su gobierno hizo para recibir una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) con el fin de poder retomar las negociaciones con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para importar gas natural o que alguna empresa en su país pueda también estar en yacimientos venezolanos.
“Mi gobierno se ha enfocado en el potencial y posibilidad de desarrollar, producir y procesar gas de Venezuela en Trinidad y Tobago; dedicamos mucho tiempo, esfuerzo y energía a negociar una hoja de términos comerciales en 2018, pero el desarrollo se detuvo debido a las sanciones que impuso Estados Unidos en 2019”, dijo Rowley. “La vicepresidenta de los Estado Unidos, Kamala Harris, ha escuchado atenta y comprometidamente estas súplicas y hemos trabajado con la Casa Blanca para hacer posible la seguridad energética para la región y Europa una vez que Trinidad y Tobago tenga acceso al gas venezolano.
Indicó que tanto él como el ministro de Energía e Industrias Energéticas trinitense, Stuart Richard Young se reunieron con autoridades de los Estados Unidos y Europa para explicarles que este país caribeño es el único en la región con capacidad disponible e inmediata para la producción de gas natural licuado (GNL), amoníaco, urea y metanol justo al lado de reservas probadas como las de Venezuela, sobre todo en el oriente. “Siempre hemos visto la importancia nacional y regional de los recursos de gas natural en Venezuela y su proximidad a la infraestructura energética de clase mundial existente en Trinidad y Tobago. Todo lo que necesitábamos en Trinidad y Tobago era el acceso a esas reservas  al otro lado de la frontera que tenemos con Venezuela”, sentenció el funcionario.
En tal sentido mencionó que la gestión ante la OFAC comenzó a realizarse a mediados de 2022, se hizo una gestión de lobby con los abogados estadounidenses que asisten al gobierno de Rowley y a las empresas transnacionales con operaciones gasíferas en Trinidad y Tobago.
La intención se centran en concluir la conexión a través de un gasoducto de 17 kilómetros entre el campo Dragón, ubicado en aguas profundas venezolanas, y unirlo a  hemos estado a la plataforma Hibicus que opera la empresa Shell.
“Lo que esto significa es que las restricciones en el desarrollo del campo de gas Dragón ahora se han aliviado y todas las partes relevantes pueden avanzar en los planes para que el gas natural de Venezuela fluya eventualmente desde estas reservas probadas a Trinidad y Tobago y luego al Caribe, Europa y otros mercados trayendo muchos beneficios humanitarios a la población venezolana y mayor seguridad energética a la región del Caribe”, puntualizó.

Principio de no intervención

La declaración de Keith Rowley tiene elementos políticos al cuestionar la política de sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos sobre todo al sector petrolero de Venezuela y que se tradujo en la imposibilidad de PDVSA de exportar crudo hacia los Estados Unidos y hacer negocios con otras empresas que tengan relación con el sector de los hidrocarburos norteamericano.
“Las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela han tenido un efecto negativo en el crecimiento del comercio y la cooperación dentro de la subregión en la medida en que Venezuela y Trinidad y Tobago; y preocupan por los efectos colaterales en otros países del Caribe”, dijo el premier trinitense. “Nuestro gobierno tomó una posición de principios con nuestro vecino mas cercano como es Venezuela, cuando otros países reconocieron un gobierno alternativo y  la posición de Trinidad y Tobago se basó y cimentó en la Carta de las Naciones Unidas cuando asumimos la posición de `no interferencia´ y `no intervención´”, acotó.
Añadió que su postura fue la defender y alentar que pueblo de Venezuela resuelva sus dificultades internas; y la actuación del gobierno trinitense fue la de facilitar el diálogo entre entre las autoridades de la administración de Nicolás  Maduro y la oposición venezolana.