Monómeros genera alrededor de 600 puestos directos y 1000 indirectos (Foto Monómeros Colombo Venezolanos)
La medida de control adoptada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia a la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, filial de Pequiven, fue una medida absolutamente técnica, que no implica la toma de control, expropiación o confiscación por parte del Estado colombiano sino simplemente un proceso de supervisión o fiscalización extrema para que se adopten correctivos en el manejo administrativo, de acuerdo a las consultas hechas con diferentes fuentes legales de Colombia.
Sin embargo, esta decisión sí tiene implicaciones políticas para Venezuela y principalmente para la oposición y particularmente para la estructura de gobierno interino que encabeza el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó, tomando en cuenta que a principios de 2019 designó una directiva ante el hecho de que la nombrada por el presidente Nicolás Maduro dejó de ser reconocida por el gobierno colombiano de Iván Duque.
En cambio, la lectura en Venezuela -comenzando por el propio gobierno de Maduro pero también por parte de algunos representantes de la oposición- está en decir que el Duque quiere quedarse con la compañía obviando el detalle que Colombia predomina un esquema institucional que en Venezuela no existe.
“La Superintendencia de Sociedades es un organismos absolutamente serio y técnico”, dijo Carmen Elisa Hernández al dar la declaración en la que confirmó que entregó su renuncia a Guaidó debido a que rechaza los argumentos expuestos por la directiva contra la medida adoptada por esa institución del Estado colombiano. “La medida de control es el único mecanismo para proteger a Monómeros y permitirle superar la grave situación en la que se encuentra y considero que con esta acción de contravenir la resolución de la Superintendencia de Sociedades se arriesgan más de 600 empleos directos y más de 1.000 indirectos que hacen parte de la operación de Monómeros”, agregó la ex funcionaria en la carta a Guaidó.
El dilema comunicacional pone a la oposición –sobre todo a los negociadores de las reuniones de México- contra la espada y la pared. Lo racional era avalar el argumentó técnico de la Superintendencia de Sociedades y reconocer fallas administrativas de la compañía como efectivamente ocurrió pero eso es tanto como exponerse a las acusaciones del gobierno de Nicolás Maduro de que se está actuando apegado al control que presuntamente quiere el presidente Duque. Lo político hubiera sido eludir responsabilidades, cuestionar la medida de control y mantener el argumento de que la medida de control no se justifica, pero eso está cercano a plegarse a los señalamientos difundidos por el Ministerio de Petróleo venezolano.
Maduro dio la orden que en la tercera reunión de México, prevista para fines de septiembre, el tema de Monómeros forme parte de la agenda y eso coloca la situación del lado del equipo negociador de la oposición –que encabeza el dirigente Gerardo Blyde- de allí las constantes conversaciones que sobre la materia se están dando porque resulta complicado fijar una posición que sea aceptada al mismo tiempo por la administración de Duque y Maduro.
El mandatario colombiano ha evitado emitir una declaración sobre el caso de Monómeros y ha dejado que sea la Superintendencia de Sociedades la que emita los aspectos vinculados a la medida de control.
La institucionalidad de la Superintendencia de Sociedades
El reporte de la Superintendencia de Sociedades señala que Monómeros afronta fallas de flujo de caja que generan problemas de liquidez para atender pago a trabajadores, proveedores así como suministros de fertilizantes para el sector agrícola colombiano, también se detectan presuntas irregularidades en la contratación de proveedores, y una cantidad de demandas laborales.
En los partidos políticos de oposición -sobre todo en Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo- siguen pesando las denuncias que hizo el dirigente político y ex ministro de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, quien al renunciar al cargo de embajador de la oposición en Colombia denunció la injerencia de estas organizaciones en la directiva de Monómeros Colombo Venezolanos.
“En Monómeros quisimos hacer un ejemplo de lo que será una Venezuela distinta, se sugirieron a unos profesionales que yo no conocía y cuando vimos las referencias todos venían del sector petroquímico. ¿Qué hicieron los partidos? Metieron la mano y pusieron a gente no calificada y de poca reputación que después sacaron pero el mal estaba hecho”, denunció Calderón Berti en diciembre de 2019. “Presencié una reunión de Monómeros en la que había dirigentes políticos maltratando a los gerentes profesionales. Me paré y me fui en señal de protesta porque no merecían ser tratados de esa manera. Se pretendía partidizar y politizar la gerencia de Monómeros y no estaba de acuerdo con eso”, respondió el ex titular de Energía.
En primer lugar, la crítica apuntaba a que en esa reunión estuvo el líder del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, actual candidato a la gobernación del estado Zulia, dando instrucciones sobre el control político de la empresa, pero el cuestionamiento también ha sido contra la propia Carmen Elisa Hernández, quien es una de las más cercanas colaboradoras de Leopoldo López. Es verdad que Hernández hizo carrera en PDVSA, formó parte de los 20.000 trabajadores despedidos tras el paro de 2002 y 2003 pero se incorporó a la Alcaldía de Chacao durante la gestión de López y llegó a ocupar la Dirección General, aparte que se sumó al trabajo político en Voluntad Popular.
PUBLICADO: 21 de septiembre de 2021
