Maduro ordena a Jorge Rodríguez que medida de control a Monómeros se incluya en discusiones de México

El  gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, a través del Ministerio de Petróleo, emitió un comunicado en el que fija posición con respecto a la decisión de su homólogo colombiano de imponer una medida de control a la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, que es una filial de la petroquímica Pequiven, al calificar la medida de un asalto por parte del presidente Iván Duque
“La Superintendencia de Sociedades de Colombia ha asaltado de manera flagrante un activo del Estado venezolano", acusa la administración de Maduro. “El Gobierno Bolivariano de Venezuela
condena y rechaza enérgicamente esta pretendida agresión al país por parte del gobierno colombiano encabezado por Iván Duque que en contubernio con las mafias corruptas que dirigen la extrema derecha, dentro y fuera de Venezuela, y liderada por Juan Guaidó, han robado millones de dólares, mediante el secuestro y la apropiación ilegal de activos pertenecientes a la República, lo que constituye un acto violatorio del derecho internacional público”, acota.
La nota señala que esta materia debe incorporar en la agenda de discusión de las negociaciones que el gobierno de Maduro y la oposición venezolana están sosteniendo en México para lograr acuerdos en materia económica y política.
“El presidente Nicolás Maduro ha ordenado a su delegación para que incluya de manera perentoria en las discusiones de México el asalto a un bien del pueblo de Venezuela ocurrido el 6 de septiembre; así mismo, denunciará la pretendida e infructuosa intención de Iván Duque de torpedear el diálogo entre el gobierno bolivariano y sectores de la derecha venezolana”, acota el comunicado.
La instrucción va dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que encabeza la delegación oficialista en las discusiones de México, las cuales contemplan una tercera sesión para fines de septiembre.
El comunicado del Ministerio de Petróleo también señala que se adoptaran las medidas judiciales para que cese la medida de control sobre la que la Superintendencia de Sociedades ha señalado que se remite a un proceso de fiscalización extrema, que es distinto a una ocupación, expropiación o confiscación.