Guaidó ordenó apelar sentencia del bono PDVSA 2020 pero procurador admite que falta dinero para pagar a bufetes

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ordenó la apelación de la sentencia de una corte de Nueva York que declaró la legalidad de los bonos PDVSA 2020 luego de la petición que le hiciera el entonces presidente de la junta de administración ad hoc de PDVSA, Luis Pacheco, a principios de diciembre antes de que esa posición fuera asumida por Horacio Medina.
La estrategia legal de apelar, sin embargo, afronta varios obstáculos: uno jurídico y también político porque dentro de la propia oposición hay cuestionamientos a la llamada continuidad administrativa del actual parlamento más allá del 5 de enero de 2021; y otra traba es la financiera por el dinero que se le debe a los bufetes de abogados que fueron contratados desde finales de 2019.
Una comunicación del procurador especial, Enrique Sánchez Falcón, al presidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, Elías Matta, revela que existe una acumulación de deudas con bufetes de abogados en los Estados Unidos que podrían derivar en “la inminente pérdida de confianza y credibilidad” desde octubre de 2019 cuando se adoptó la estrategia legal de demandar a los tenedores de los títulos PDVSA 2020 bajo el argumento que  esta emisión de deuda era ilegal porque no fue aprobada por la Asamblea Nacional e hipotecó 51% de la propiedad de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos.
“Desde mi nombramiento en junio de 2020, se ha abocado a precisar deudas y retrasos con la finalidad de preparar la posibilidad de honrar todas esas deudas”, le señala Sánchez Falcón a Matta. “Esa situación de descrédito y desconfianza es absolutamente perjudicial a los intereses del Gobierno Interino y la Asamblea Nacional, no solo por lo que respecta a la actitud que esas firmas pueden, eventualmente, asumir, bien negándose a mantener los descuentos que de buena fe concedieron, bien desinteresándose por el trabajo o incluso abandonándolo; sino, también, por la percepción que nuevas firmas a contratar e incluso las Cortes en que deba actuar esta Procuraduría Especial, puedan experimentar acerca de la corrección con la cual nos conducimos quienes personalizamos al Gobierno Interino y a sus instituciones”, acota.
Más adelante en la misiva, Sánchez Falcón afirma: “De estas consideraciones no debe quedar al margen el malestar personal que experimentamos quienes, contrariamente a nuestra ética individual, empeñamos nuestra palabra y ahora no podemos honrarla”.
Al final de la carta, Sánchez Falcón le expresa al diputado Matta: “No creo que sea necesario insistir en complejas argumentaciones para expresar, claramente, este llamado de atención”.