Asamblea Nacional se mantiene sin decidir si apela sentencia que declaró la legalidad del bono PDVSA 2020

La sentencia de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, que reconoce la legalidad de los bonos PDVSA 2020 fue publicada este 1º de diciembre y a partir de esa fecha corre un plazo de un mes, que vence el 2 de enero de 2021, para que la autoridades de Petróleos de Venezuela  nombradas por la Asamblea Nacional decidan si apelan esa decisión u optan aceptar el dictamen que ordenar pagar 1.924 millones de dólares a los tenedores de estos títulos.
“La Asamblea Nacional y el propio presidente Juan Guaidó deben tomar una decisión para definir sobre cuál estrategia legal se debe seguir”, dijo una fuente vinculada a la Procuraduría Especial. “Lo coherente sería apelar pero no hay acuerdo entre los principales grupos políticos, sobre todo entre Voluntad Popular y Primero Justicia”, acotó
A mediados de noviembre, la Procuraduría Especial emitió un comunicado sobre la intención de apelar la decisión de la jueza Polk Failla luego que la junta de administración ad hoc de PDVSA introdujo ante el tribunal una nota de protección con el fin de advertir la intención de objetar la decisión del tribunal.
“La representación de PDVSA presentó ante la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York una nota de protección mediante la cual se manifestó la intención de apelar la decisión a ser publicada por tribunal en los próximos días, conforme a la cual se declarará sin lugar la demanda de nulidad incoada en 2019 por PDVSA respecto de los bonos PDVSA 2020 y la garantía prendaria –constituida irresponsablemente por el régimen de Nicolás Maduro– sobre el 50,1% de las acciones de Citgo Holding, principal activo de Venezuela en el extranjero, y que se estima servirá de base productiva una vez reinstaurada la democracia”, señala el comunicado.
No obstante, las discrepancias políticas han surgido por parte de la actuación de dirigentes de Primero Justicia que han advertido la inconveniencia de apelar; y por otro lado, agentes vinculados al Fondo Ashmore –principal acreedor de los bonos PDVSA 2020- se han encargado de propiciar encuentros con las autoridades de parlamento.
“La decisión de apelar es un tema que aún se está discutiendo la estrategia entre la junta ad hoc de PDVSA, el centro de gobierno, la procuraduría especial y el propio presidente Juan Guaidó”, dijo una fuente vinculada al despacho del presidente del parlamento.