Omar González: “La primera gran falla fue el pago de los 72 millones de dólares de intereses de esos bonos” (Foto Asamblea Nacional)
El diputado Omar González, miembro de la Fracción Parlamentaria 16 de julio que apoya el movimiento político de la dirigente María Corina Machado, informó que fue enviada a la Comisión de Contraloría del Poder Legislativo la solicitud hecha al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de iniciar una averiguación a dos dirigentes de Primero Justicia que avalan la legalidad del bono PDVSA 2020. Adicionalmente, djio que esa fracción solicitó a la Procuraduría Especial que se apele la sentencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que desestimó los argumentos del parlamento venezolano.
González aclaró que han sido cinco las cartas que enviadas por ese grupo a Guaido en su condición de presidente del parlamento sobre esta materia desde 2019, y la última se hizo tras conocerse la declaración de un representante del fondo de inversión Ashmore, Xin Xu, en el tribunal estadunidense donde señaló que el diputado de Primero Justicia, Rafael Guzmán, y el economista Francisco Rodríguez le aseguraron a fines de 2016 que el parlamento no declararía la nulidad de estos bonos. También dijo que la carta se envió por las críticas hechas por economista Alejandro Grisanti, ex director de la junta ad hoc de PDVSA y dirigente de Primero Justicia, a favor de estos bonos y contra la estrategia de renegociación de la deuda externa llevada adelante por el equipo designado por el parlamento.
“El señor Xu dijo que esas personas habían señalado que en la Asamblea Nacional se iba a dar una política, pero que ellos daban garantía que no se iba a decidir declarar la nulidad de los bonos PDVSA 2020; y en documentos que son públicos este señor aduce que se entrevistó con estas personas y que sus recomendaciones fueron valoradas para adquirir los bonos PDVSA 2020”, dijo el diputado González. “La fracción de Primero Justicia votó para declarar la nulidad de estos bonos, pero ahora con la sentencia pareciera que la juez valoró las opiniones de esas personas; y en cambio desconoció la legislación venezolana como si no tuviera ninguna importancia porque esos bonos son ilegales”, acotó.
El parlamentario insiste en señalar que el hecho de que esa operación de deuda tuviera como garantía 51% de las acciones de Citgo obligaba al gobierno de Nicolás Maduro a solicitar la autorización de la Asamblea Nacional, hecho que no ocurrió. “Hubo una confabulación contra los intereses de la República”, puntualizó.
“Esta sentencia es necesaria apelarla, por ahora hay un decreto del gobierno de Estados Unidos que declaran inembargable e inejecutable esa sentencia por lo menos hasta enero de 2021 y por eso el actual procurador especial, Enrique Sánchez Falcón, debe apelar al término de la distancia esta decisión porque obviamente Venezuela tiene razón y esos bonos son ilegítimos”, dijo González. “Hay gente que quiere apoderarse de esas refinerías de Citgo y eso es una riqueza de los venezolanos”. Por eso los doce diputados de la Fracción 16 de Julio hemos decidido recomendar al gobierno interino que apele esa decisión y que se pare la ejecución de esa garantía, añadió.
Finalmente, el representante de la Fracción 16J advierte que fue un error el pago de intereses bajo protesta que la Asamblea Nacional autorizó el año pasado y que en su momento fue votado en contra por este grupo de diputados. “La primera gran falla fue el pago de los 72 millones de dólares de intereses de esos bonos”, puntualizó.
PUBLICADO: 23 de octubre de 2020
