Ley antibloqueo faculta a Maduro privatizar participación de PDVSA en empresas mixtas

El artículo 24 del proyecto de ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos otorga la potestad al Ejecutivo nacional para modificar “los mecanismos de constitución” de las empresas mixtas en las que Petróleos de Venezuela tiene mayoría accionaria, pero se aclara que ese cambio se hará sin contravenir el artículo 303de la Constitución, que establece que el Estado conservará la totalidad de las acciones de PDVSA.
“Esta ley nos va a permitir lograr mecanismos novedosos, que tenemos que hacerlo en silencio para impulsar y promover inversiones extranjeras, darles plena y absoluta seguridad jurídica a todos los empresarios nacionales y extranjeros en el sector petrolero. La ley forma parte de nuevas iniciativas amparadas en nuestra Constitución y ratifica el principio de justicia social que hemos venido construyendo durante estos último 20 años”, dijo el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami. “La ley antibloqueo es un instrumento fundamental y a partir de su aprobación, la industria petrolera nacional va a tener una transformación radical y le va a permitir a PDVSA dar un salto cualitativo. Ya verán en las semanas y meses sucesivos los cambios profundos que impulsará la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque, junto a la clase trabajadora petrolera, para devolverle el carácter poderoso, productivo y soberano de  PDVSA”, acotó el funcionario.
El referido artículo del proyecto legal retoma la facultad que el presidente Nicolás Maduro le otorgó al ex titular de ese despacho, Manuel Quevedo, mediante decreto pero que sólo permitió la adjudicación directa de 14 contratos de servicios empresas nacionales y extranjeras para recuperar la producción de crudo, pero que después de unos meses fueron devueltos al Ministerio de Petróleo y a PDVSA por elevados costos e inseguridad jurídica.
“Lo establecido por el proyecto de ley antibloqueo revierte las modificaciones legales que se hicieron en 2007 cuando se estableció que PDVSA, a través de su filial la  Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), debía tener más de 50% de participación en las empresas mixtas”, señala Dolores Dobarro, ex consultora jurídica del desaparecido Ministerio de Energía y Minas. “Por un lado se intenta ir a un proceso de apertura en el sector de los hidrocarburos para captar inversiones extranjeras; y por el otro, cambiar la constitución y formación de las filiales de PDVSA para que dejen de ser empresas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos”, acota.
La abogada resalta el hecho de que la ley antibloqueo contemple expresamente que se respetará que el artículo 303 de la Constitución, referido al control total del Estado de PDVSA, pero advierte que no haga referencia a la reserva que hay sobre los recursos y también al hecho que a esta legislación se le otorgue la denominación de ley constitucional.
“Debe darse una discusión en primer lugar porque nuevamente se recurre a que sea la Asamblea Nacional Constituyente y no la Asamblea Nacional la que apruebe una ley; y segundo porque al dársele rango de ley constitucional se está colocando por encima de lo establecido por la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, indica Dobarro.

Elemento confianza

El proyecto legal de ley antibloqueo le da el soporte legal a la Propuesta de Restructuración que elaboró la Dirección Ejecutiva de Planificación de PDVSA y que se difundió en marzo de este año antes de que Manuel Quevedo fuera removido del doble cargo de ministro y presidente de la estatal  y reemplazado por Tareck El Aissami y Asdrúbal Chávez, respectivamente.
Esa propuesta plantea la derogación de buena parte del andamiaje legal que impulsó el ex presidente Hugo Chávez en el año 2007 bajo la idea de una “nueva y verdadera nacionalización petrolera” para contrastarla con la que se hizo en 1976, durante el primer mandato de Carlos Andrés Pérez.
El proyecto de reestructuración de El Aissami consagra reducir la mayoría accionara de PDVSA en varias empresas mixtas y en otros caso restablecer la figura de los convenios operativos bajo la denominación de acuerdos de servicio conjunto, pero persiste la interrogante  si una legislación o reforma es suficiente para atraer capitales.
“Con una ley no se recupera la producción petrolera si no hay confianza y medida que dirigida a lograr un equilibrio en la economía. Difícilmente eso se pueda logra con este proyecto de ley antibloqueo”, dijo Richard Obuchi, economista e investigador del Centro de Políticas Públicas del IESA. “No se puede pretender tener una ley mágica. Es difícil captar inversiones sin modificar el elemento institucional y con la incertidumbre jurídica que existe”, añade.
El proyecto de ley aún no ha comenzado a discutirse en la Asamblea Nacional Constituyente, pero existe la expectativa que sea aprobada a mediados de octubre, mientras que por parte del parlamento ya se prepara una discusión para declarar la ilegalidad de la ley antibloqueo.