Sombra de los bolichicos está detrás del 35% de Nynas que perdió Pdvsa

Por Andrés Rojas Jiménez

El abogado José Ignacio Hernández, designado por la Asamblea Nacional como procurador especial, acusa al régimen de Nicolás Maduro por la pérdida de 35% de la participación accionaria, de un total de 50,01%, que tenía Petróleos de Venezuela (PDVSA) desde 1985 en la empresa de refinanción sueca Nynas. Lo denuncia como parte de los planes de privatización planteados en el Plan de Reestructuración elaborado por la Dirección de Planificación de Pdvsa.
“Todo este Plan de Reestructuración así llamado, que anunció el régimen de Nicolás Maduro, no es otra cosa que una privatización de facto, un desfalco de bienes de interés público del cual, por cierto, la pérdida patrimonial de Nynas parece ser el capítulo más reciente”, dijo Hernández.
Explica que solicitó a la Asamblea Nacional que realice una investigación, porque Nynas compraba crudo venezolano extraído por la empresa mixta Petrozamora, una sociedad en la que Pdvsa tiene 60% y  el restante 40% lo posee la rusa Gazprombank, pero en los documentos figura como representante minoritario el empresario Francisco Convit.
Con respecto a la demanda de nulidad contra los bonos Pvsa 2020 introducida ante una corte en Nueva York, se muestra confiado de una sentencia favorable que permita preservar Citgo como una empresa del Estado venezolano.  

-¿Por qué el comunicado de la Procuraduría especial señala que agentes de Nicolás Maduro actuaron en el proceso de reestructuración de la empresa sueca, por el cual PDVSA pierde 35% de su participación accionaria?

-En el caso de Nynas, a través de un proceso de reestructuración judicial que se llevó a cabo en Suecia representantes de Nynas con representantes del régimen de Maduro acordaron un plan de reestructuración a resultas del cual PDVSA perdió 35% de acciones en Nynas. De forma tal que su participación se redujo de 50,01% a apenas 15%. Este 35% que perdió PDVSA está en manos de una fundación privada en Suecia, de la cual no se conoce ningún tipo de detalles. 

-¿Pero por qué señala que agentes de Maduro intervinieron en esa reestructuración?

-Porque de acuerdo con la limitada información que tenemos de Nynas, que es la empresa que se sometió o se acogió a un proceso de reestructuración, ellos terminaron conversando este plan con representantes del régimen de Nicolás Maduro.

-¿Las autoridades nombradas por la Asamblea Nacional, tanto en lo que es la junta de administración ad hoc de PDVSA como en su caso como procurador especial, no tenían que hacer valer ante las autoridades suecas que ustedes eran los representantes del accionista de esa empresa?

-En efecto así se hizo y no solo con las autoridades en Suecia, sino directamente ante Nynas y con el inversionista privado de Nynas que es Neste, el otro socio de PDVSA.  También con el Departamento del Tesoro, porque recordemos que todo este problema comenzó cuando el Departamento del Tesoro limitó las operaciones de Nynas en relación con Venezuela. Lamentablemente, al tratarse de un proceso de reestructuración judicial a cargo de un juez, que es una especie de juez de quiebra, lo que entendemos que pasó fue que terminó aceptando la propuesta que formuló Nynas de nuevo, previa conversación con el régimen de Nicolás Maduro.

-¿Por qué usted señala que esta reestructuración de Nynas debe asumirse como una bancarrota?

-Porque así fue. Fue una bancarrota. En octubre del año pasado, el Departamento del Tesoro permitió a Nynas, como filial que era de PDVSA, mantener operaciones, pero le prohibió comprar crudo venezolano y Nynas depende del crudo venezolano para llevar a cabo su actividad de refinación. Tras algunas semanas intentando buscar alguna alternativa, Nynas se acogió a un proceso de reestructuración de bancarrota en Suecia, alegando que la prohibición de comprar crudo venezolano le imposibilitaba continuar la operación y fue precisamente por eso que Nynas planteó como salida reducir la participación de PDVSA de forma tal que Nynas ya no fuese considerada filial de Pdvsa. Esa fue la propuesta que Nynas, previa consulta con representantes del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro, sometió a la consideración del juez, y el juez aceptó esa propuesta en el marco de este proceso de quiebra.

-¿No faltó más acción por parte de las autoridades nombradas por el Parlamento venezolano ante el gobierno sueco, así como se hizo, por ejemplo, ante el gobierno de Estados Unidos?

-Todas las gestiones legales y diplomáticas fueron realizadas. Incluso, aproximadamente en noviembre del año pasado se envió una comunicación al Departamento del Tesoro en la cual se advertían las dudas legales y de transparencia que se tenía esta operación, porque es importante señalar que el crudo que refina Nynas lo produce una empresa mixta que se llama Petrozamora, cuyo socio minoritario aparentemente está relacionado con Gazprombank. Sin embargo, ha estado en diversas denuncias con personajes como, por ejemplo, Francisco Convit, que luce tener algún tipo de relación con esa empresa mixta.

-¿Estamos hablando de los bolichicos?

-De los bolichicos sí. De todo esto se informó al Departamento del Tesoro y a Nynas, pero de nuevo este es un proceso que Nynas llevó directamente ante las autoridades judiciales de Suecia.

-¿Es como contradictorio que el Departamento del Tesoro, que hasta ahora ha protegido los activos de Venezuela, emita esta licencia y permite esta transacción?

-Precisamente ya el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, al igual que el presidente de la junta ad hoc de PDVSA, Luis Pacheco, están haciendo las gestiones del caso para entender lo que paso con el Departamento del Tesoro. Pero, a todo evento, la oficina del procurador especial, en coordinación con la junta administradora ad hoc de PDVSA, cumplió con el deber de alertar de todo esto tanto al Departamento del Tesoro como a Nynas.

-¿El gobierno sueco incurre en una contradicción, porque al igual que todos los países de la Unión Europea reconoce a Juan  Guaidó como mandatario interino, pero no reconoce a las autoridades de la junta de administración ad hoc de PDVSA?

-El origen del problema es que está no fue una decisión del gobierno de Suecia, ni del canciller de Suecia. Esto fue una decisión de un juez de quiebra en un procedimiento de quiebra. En Suecia hay separación de poderes, los jueces son autónomos y un juez de quiebra tiene poderes especialmente intensos para acordar cualquier reestructuración que permita continuar la operación de Nynas. Al juez de quiebra en realidad le resultaba absolutamente indiferente quienes son las autoridades de PDVSA o quién es el presidente en Venezuela. El juez de quiebra tenía una sola misión: autorizar cualquier reestructuración que permitiese la continuidad operativa de Nynas y, lamentablemente, esa reestructuración pasó por diluir la participación de PDVSA de 50,01% a apenas 15%.

-¿No se pudo haber ejercido alguna acción legal o algún tipo de demanda, así como se hizo con los bonos PDVSA 2020 ante ese tribunal en Suecia?

-Se está estudiando actualmente la defensa y los legítimos derechos de PDVSA frente a este plan. Antes de que el plan fuera autorizado no había nada que hacer. Ahora que sabemos que el plan se autorizó se están estudiando los mecanismos de defensa para proteger el patrimonio de PDVSA.

-¿Quiere decir que todavía podría revertirse esa reestructuración?

-Quiere decir que todavía hay juego por delante. Así es.

-Usted ha hecho un señalamiento sobre la empresa mixta Petrozamora, ¿cabe pensar que hubo intervención o lobby por parte de los representantes de Petrozamora o de los bolichicos?

-No lo sé. Lo que yo sí sé, y eso lo puede saber cualquiera que examine las Gacetas Oficiales, es que en un acta relacionada con Petrozamora, esta empresa mixta cuyo socio minoritario pareciera tener alguna relación con Gazprombank, quien aparece mencionado como representante del socio minoritario es Francisco Convit. Eso, por supuesto, fue una alarma que se activó debidamente y fue un hecho oportunamente advertido tanto al Departamento del Tesoro como a Nynas. Sin embargo, debo ser responsable al señalar que no tenemos ninguna información que nos permita concluir que estos personajes hayan tenido algo que ver con la reestructuración de Nynas y esa fue una de las causas por las cuales solicité y recomendé a la Asamblea Nacional iniciar la correspondiente investigación.

-Francisco Convit fue uno de los directivos de Derwick, a la que se le adjudicaron contratos del sector eléctrico.

-Además, es objeto de procesos penales en Estados Unidos llevados por el Departamento de Justicia. Ese hecho fue el que precisamente, en su momento, luego de la investigación que la oficina del procurador especial realizó, generó una alarma particular porque no solo es que se estuviese negociando con el régimen de Nicolás Maduro, sino que además la empresa mixta que surte de crudo a Nynas es una empresa mixta respecto de la cual no hay claridad sobre quién es el accionista minoritario y en definitiva quiénes están detrás de esta operación.

-¿Esto que ocurrió con Nynas pone en alerta otros activos que tiene el Estado venezolano, por ejemplo, el caso de Citgo por todo el tema del reclamo del bono PDVSA 2020, tomando en cuenta que está pendiente una decisión judicial?

-Sin duda. Por eso explicaba que todo este Plan de Reestructuración así llamado, que anunció el régimen de Nicolás Maduro, no es otra cosa que una privatización de facto, un desfalco de bienes de interés público del cual, por cierto, la pérdida patrimonial de Nynas parece ser el capítulo más reciente. Todo este desfalco comenzó cuando en octubre de 2016 el régimen de Nicolás Maduro decidió ceder 50,1% de Citgo en garantía a favor de inversionistas extranjeros, una operación total y absolutamente inconstitucional.

-¿Hay algún estimado de cuánto es el daño patrimonial para PDVSA y para el Estado venezolano con esta pérdida de 35% de Nynas?

-Es difícil estimarlo porque Nynas estaba en un procedimiento de bancarrota, técnicamente tenía que cesar operaciones porque no podía comprar crudo venezolano. Sin embargo, también se están haciendo las indagaciones pertinentes para tratar de valorar el 35% de PDVSA que se habría perdido tras esta reestructuración.

-El presidente de Nynas señala, en un comunicado de la empresa, que la rentabilidad y las pérdidas comenzaron con las sanciones que impuso el gobierno de Donald Trump, primero en agosto de 2017 y luego en enero de 2019.

-En realidad, la empresa tuvo sucesivas licencias que le permitieron mantener operaciones con normalidad y la sugerencia del Departamento del Tesoro era que Nynas debía buscar fuentes distintas de suministro de crudo. Sin embargo, Nynas apostó a no buscar fuentes distintas, alegaba que había impedimentos técnicos para refinar crudo que no fuese el suministrado por Petrozamora y eso fue, en definitiva, lo que la llevó a la crisis en octubre del año pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos decidió autorizar a Nynas mantener operaciones, pero al mismo tiempo le prohibió comprar crudo venezolano.

Bonos con polémica

-En el caso de los bonos PDVSA 2020, ¿no hay el mismo riesgo porque hay analistas que señalan que se está poniendo a una juez de Estados Unidos a emitir una sentencia sobre criterios jurídicos venezolanos?

-Eso pasa todos los días en las cortes de Nueva York. Las cortes de Nueva York son las que en la práctica resuelven la mayoría de los litigios relacionados con deuda pública y un principio generalmente aceptado en litigios de deuda pública es que la capacidad del ente emisor se rige por el derecho del ente emisor. Si el ente emisor es Venezuela o en este caso Pdvsa, la corte de Nueva York va a tener que conocer cuestiones de derecho de Venezuela como sucedió, por ejemplo, con la crisis argentina cuando la corte de Nueva York tuvo que decidir asuntos de derecho argentino. Esto es algo que resulta absolutamente normal para las cortes de Nueva York.

-¿El criterio de que esos bonos fueron ilegales, porque fue una operación que no pasó por la aprobación de la Asamblea Nacional, es un criterio jurídico fuerte dentro del régimen de justicia de los Estados Unidos?

-Sin duda. De acuerdo con la jurisprudencia de las cortes americanas y la doctrina, aun cuando el contrato de deuda se rija por el derecho de Nueva York, la capacidad del ente emisor se rige por el derecho de su nacionalidad; por cierto, esto en deuda pública, pero también en deuda privada. Por lo tanto, si PDVSA emite una deuda, aun cuando la deuda se rija por el derecho de Nueva York, la capacidad de PDVSA de contratar se rige por el derecho venezolano y, de acuerdo con el derecho venezolano, Pdvsa no podía ceder Citgo como garantía tal y como oportunamente lo advirtió la Asamblea Nacional en el acuerdo del 27 de septiembre de 2016.

-¿Ese proceso judicial de los bonos PDVSA 2020 se ha retrasado por la pandemia del coronavirus? 

-En efecto. Sin embargo, ya pareciera que la etapa final está a la vista. Es la audiencia que está pautada para mediados de julio y luego de eso cabría esperar la sentencia de la corte de Nueva York.

-¿De qué lapso se estaría hablando?

-Difícil estimarlo por el efecto de la pandemia. En términos generales, uno pudiera estimar una decisión en un lapso de tres meses promedio, pero habrá que esperar cuál es el retraso que la pandemia ha ocasionado en las decisiones de la corte y eso, eventualmente, pudiera llevar a un lapso mayor. Sin embargo, la Corte, en este caso concreto, ha insistido que su intención es mantener el caso sin mayor dilación.

-¿El elemento más fuerte probatorio que estarían presentando es la ilegalidad que se argumenta  por no haber sido aprobado por la Asamblea Nacional?

-En efecto y aquí quisiera aprovechar la oportunidad para aclarar que la oficina del procurador especial ha seguido la estrategia de la Asamblea Nacional en relación con los bonos 2020. Fue la Asamblea Nacional la que antes de que el bono se emitiera declaró que se trataba de una operación inconstitucional e inconveniente para la protección del patrimonio público en el acuerdo del 27 de septiembre de 2016. Fue la Asamblea Nacional la que ratificó la invalidez de los bonos e instruyó a PDVSA a ejercer todas las acciones legales del caso en el acuerdo del 15 de octubre de 2019. Por lo tanto, la estrategia del procurador general, en el caso de los bonos 2020, ha sido la estrategia de la Asamblea Nacional, que por lo demás es la estrategia adecuada porque esos bonos no solo son inconstitucionales, sino que fueron inconvenientes a los intereses de los bonistas como a los intereses de la Nación.

-¿Este proceso judicial deja cerrada toda posibilidad de negociación con los tenedores del bono PDVSA 2020?

-Todo lo contrario. El juicio ha creado nuevas oportunidades para llegar a un acuerdo, en este caso extrajudicial, a fin de resolver la controversia. Ese ha sido siempre un principio de la oficina del procurador especial ha estimulado. Pero, eso sí, cualquier negociación con los tenedores del bono 2020 solo puede darse dentro de los acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional el 27 de septiembre de 2016 y 15 de octubre de 2019.

-¿Puede haber un acuerdo antes de que se emita la sentencia?

-Puede haberlo antes de que se emita la sentencia. Puede haber un acuerdo después que se emita la sentencia. Las negociaciones siguen. Lamentablemente, hay acuerdos de confidencialidad que impiden dar detalles. Esta es una tarea que diligentemente ha venido llevando adelanta la junta administradora ad hoc de Pdvsa, pero en cualquier momento puede llegarse a un acuerdo.

-¿El caso judicial de los bonos PDVSA 2020 es el más complejo de las obligaciones que tiene la República o hay otro similar?

- Es difícil la pregunta. Desde el punto de vista de la deuda, si la deuda del 2020 tuviese que pagarse como si se tratase de una obligación valida, el remanente es 1.800 millones de dólares y hay reclamaciones muy por encima de esa cantidad. Por ejemplo, hay una reclamación que llega a 8.500 millones de dólares, pero cuando incorporamos al análisis del caso de los 2020 el colateral sobre Citgo allí el panorama cambia. Es un error pensar que el caso del bono 2020 sería apenas 1% de la deuda porque sería una visión totalmente errada, porque no toma en cuenta que esos bonos tienen como colateral a Citgo y que el verdadero problema tras los bonos 2020 es el colateral de Citgo porque el régimen de Nicolás Maduro entregó Citgo a inversionistas extranjeros. Eso -vuelvo a insistirlo- es una operación totalmente contraria a la Constitución, porque Pdvsa no puede celebrar un contrato de interés público nacional sin la autorización previa de la Asamblea Nacional como fue ratificado en el acuerdo del 27 de septiembre de 2016.

-¿Todavía sigue sosteniendo que Citgo se puede preservar para el Estado venezolano?

-100%. Citgo se va a preservar y va estar protegida mientras el gobierno esté a cargo del presidente encargado Juan Guaidó, bajo los controles de la Asamblea Nacional. De no haber sido por el reconocimiento de Estados Unidos, del diputado y presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como presidente encargado, no tengo la menor duda de que hoy los venezolanos habríamos perdido Citgo como perdimos, lamentablemente, Nynas. 

Esta entrevista salió originalmente publicada en el portal HispanoPost donde también puede verla en video https://www.hispanopost.com/sombra-de-los-bolichicos-esta-detras-del-35-...