En PDVSA se insiste en reformar el artículo 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para ampliar mayoría accionaria de privados en empresas mixtas (Foto PDVSA)
El plan de reestructuración de Petróleos de Venezuela, elaborada por el equipo técnico que dirige Hector Felizola, gerente de Planificación, Presupuesto y Gestión de PDVSA, aun requiere el aval del ministro Tareck El Aissami y el nuevo presidente de la estatal, Asdrúbal Chávez; la ratificación por parte del presidente Nicolás Maduro, y además la aprobación del Poder Legislativo, toda vez que propone una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la derogatoria de decretos leyes aprobados por Hugo Chávez entre 2008 y 2010.
El plan en una primera etapa -sin necesidad de reformas legales- sugiere que el Ministerio de Petróleo debe reducir la tasa de regalía de 30% a 20%, tal como lo permite la ley y esto con el fin de reducir parte de la carga fiscal que deben pagar tanto PDVSA como las empresas mixtas.
Al respecto la recomendación es tajante: “Implementar sin demoras ni burocracia, el Artículo 44 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para fortalecer la capacidad económica de la empresa mixta y garantizar la explotación de los yacimientos mencionados en el menor tiempo posible y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”.
No obstante, para una segunda etapa se sugiere avanzar con la reforma legal centrada en modificar los artículos 22, 27, 44 y 57 de la legislación vigente para flexibilizar la composición accionaria de las empresas mixtas, hoy con predominio de 60% de PDVSA; así como eliminar la rigidez que existe en el cobro de regalía; y permitir que empresas privadas y foráneas comercialicen los hidrocarburos.
Esta reforma legal, no obstante, pasa por la consideración del gobierno de Nicolás Maduro sobre qué organismo debería aprobarlo: la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional que encabeza el diputado Luis Parra, con predominio de parlamentarios del oficialismo; o el Poder Legislativo formal y reconocido internacionalmente que preside el diputado Juan Guaidó.
El documento se adelanta específicamente a cómo debería ser el enunciado del artículo 22 , el cual se plantea que la actividades relativas a la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento “podrán ser realizadas directamente por el Estado, por empresas de su exclusiva propiedad, empresas mixtas con participación de
capital estatal y privado, en cualquier proporción y por empresas privadas”.
Otro aspectos que el equipo de Planificación de PDVSA propone modificar mediante la reforma legal es el referido a la parte tributaria para dar mayor competitividad al sector en comparación con el de otros países vecinos y de esa manera atraer capitales en un contexto adverso para captar inversiones. En tal sentido, se recomienda reducir lo que se llama en inglés goverment take, que podría asumirse como carga fiscal o beneficio del Estado.
“Actualmente Venezuela se sitúa en el puesto No. 7 (con un government take de 72%) de los países que más se benefician de la explotación de sus hidrocarburos; y esta porcentaje no considera que el Estado es el socio mayoritario en las empresas mixtas; que al considerarlo sitúa el government take en más de 90% de los ingresos operacionales de estas empresas”, seeñala el documento.
En tal sentido, propone reducirlo a un porcentaje “suficientemente atractivo para la inversión privada”, sin especificar una tasa. También se sugiere sí recomendado disminuir la actual tasa de 50% que paga el sector petrolero por impuesto sobre la renta, se fije un rango en la tasa de regalía variable y que puedar ser variado por el Ministerio de Petróleo sin modificación legal. De igual manera, se recomienda derogar que estableció la contribución especial sobre precios extraordinarios y exorbitantes, impuestos y contribuciones marginales, y se exhorta a establecer una regulación o coordinación en el cobro de impuestos municipales.
El peso de la gasolina
La propuesta de reestructuración también plantea el desmontaje gradual del subsidio a los combustible, bajo el argumento que representa una carga financiera o pérdida para PDVSA por el orden de 11.000 millones de dólares al año, pero admite la posibilidad de un precio compensatorio para determinados sectores considerados como prioritarios.
“Se debe fijar al precio internacional al detal de los mismos y una tasa de cambio regida por el Banco Central de Venezuela y un tabulador donde se especifique el porcentaje de subsidio mes a mes, el cual debe disminuir desde 100% actual hasta un valor que iría en función del pulso social y la realidad económica del país”, indica el documento de PDVSA. “Se deberá proteger de manera especial los sectores de transporte público, alimentos y medicinas y generación eléctrica”, añade.
Específica que la reducción del subsidio permitirá levantar fondos para modernizar el servicio de expendios y distribución, recuperar el parque refinador y generar incentivos para la producción de crudos aptos para la refinación nacional, así como desmontar y combatir los esquemas de contrabando de extracción.
PUBLICADO: 03 de mayo de 2020
