Primero Justicia alega “no existe el soporte institucional que permita la correcta ejecución de recursos públicos” que tiene la República en el exterior (Foto Asamblea Nacional)
La negativa del partido Primero Justicia y de la fracción 16-J de no apoyar el acuerdo de la Asamblea Nacional que crea el Fondo Especial de Litigio por 20 millones de dólares, junto a la decisión del procurador especial José Ignacio Hernández de poner su cargo a la orden genera una nueva fricción en la oposición venezolana y se convierte en un obstáculo para la defensa de los activos y pasivos en el exterior principalmente asociados a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
“La forma en la que se presentó y aprobó el acuerdo ha generado opiniones adversas en algunas organizaciones políticas que salvaron su voto: se alegaron infracciones a las reglas del debate, así como dudas en cuanto al control de los fondos para el pago del litigio. Lamentablemente, esto causó diversas noticias adversas sobre el manejo del fondo que como se sabe ni siquiera se ha ejecutado”, dijo Hernández en la carta que envió al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. “Luego de reflexionar sobre esta situación, he considerado que la decisión más razonable es no ejecutar ningún pago basado en el citado acuerdo, pues las dudas arrojadas por estos partidos políticos pudiesen ser empleados para investigaciones relacionadas con el patrimonio público, lo que puede eventualmente comprometer mi responsabilidad penal de y la responsabilidad de los miembros de las juntas ad-hoc de PDVSA y del BCV que ordenan ese pago”, añadió.
El abogado expresa su lamento por el hecho de que no se haya logrado un consenso para cumplir la misión de la Procuraduría y advierte que el retraso en el funcionamiento de este fondo obstaculiza la labor de defender los activos de PDVSA en el exterior y señala que por el momento no se ejecutará ningún gasto de los 3,5 millones de dólares autorizados por el parlamento: 2 millones para los casos que figura el Banco Central de Venezuela y 1,5 millones para los relacionados con la petrolera.
Polémica en Twitter
El partido Primero Justicia a través de su cuenta en Twitter dio a conocer un comunicado en el que informa sobre las razones para salvar su voto señalando que los artículos 34 y 36 del Estatuto que rige la transición establece que los activos recuperados no pueden ser dispuestos ni ejecutados hasta que cese la usurpación y eso incluye a la filial PDV Holding.
“Excepcionalmente por vía de acuerdo parlamentario ante la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, el pleno de la Asamblea Nacional puede aprobar el uso de activos de al República y dicho uso debe ser sometido a los principios de honestidad, eficiencia y transparencia”, señaló Primera Justicia.
Esta organización recuerda que está pendiente la designación de los miembros de una comisión técnica para garantizar el uso adecuado de los activos recuperados, lo que imposibilita la supervisión y eso agrega que el parlamento no ha nombrado al procurador especial.
“No ha sido posible verificar de manera cierta el uso de recursos públicos ni la rendición de cuenta de los mismos y no existe el soporte institucional que permita la correcta ejecución de recursos públicos”, señala el comunicado.
El texto de esta organización política propició un comentario del economista venezolano Miguel Angel Santos, quien forma parte del equipo de investigador del Centro de Desarrollo de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en Boston.
“Este es el final de una batalla que se viene dando hace tiempo y que no tiene que ver con ese estatuto particular sino con los conflictos de intereses que rodean la reestructuración de la deuda venezolana”, escribió Santos.
El diputado Rafal Guzmán –miembro de Primero Justicia- le respondió: “Miguel Santos asumimos esto como una confesión de cuando trabajabas en el Mercantil y tú cónyuge en Econoinvest. Apareció el gemelo de Angel García Banchs”.
PUBLICADO: 30 de enero de 2020
