Decreto de Bolsonaro estimula la privatización de la generación de energía estatal y municipal

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro firmó El Decreto N ° 10.135  que modifica el Decreto N °9.271 de 25 de enero de 2018, que ya regula las subvenciones asociadas con la privatización de las empresas públicas de electricidad, para establecer nuevos plazos para de los concesionarios.
Este decreto estimula a los gobernadores y alcaldes interesados en privatizar sus compañías generadoras de energía eléctrica, porque da nuevos plazos para completar el proceso de licitación. Y además de obtener una nueva concesión a 30 años, ofrece a  las empresas privatizadas que podrán migrar sus contratos al régimen de producción independiente y comercializar energía en el mercado libre pero asumiendo los riesgos de esta operación, como el riesgo hidrológico, y depende de ella adoptar la mejor estrategia comercial.
No obstante, El Decreto pide a los Estados y Municipios favorecer la provisión de servicios esenciales como salud, educación y seguridad
Explica el Ministerio de Minas y Energía de Brasil que la privatización  se traduce  en nuevos recursos que ingresan al Gobierno Federal mientras que los Estados y Municipios se benefician además, con el resultado económico y financiero de la privatización de sus empresas.
“El Decreto publicado está en línea con los pilares delineados para la Modernización del Sector Eléctrico al alentar la migración de centrales hidroeléctricas del régimen de servicio público al régimen de producción de energía independiente”, señala el Ministerio brasileño.

Normas y excepciones

Si bien el Decreto establece que la concesión actual del concesionario público debe tener un vencimiento de más de 3 años y 6 meses y el proceso de licitación debe completarse a más tardar 18 meses antes de la fecha límite de su validez, para que los estados y municipios tengan tiempo suficiente para llevar a cabo las privatizaciones, y que la autoridad otorgante (la Unión) tenga el tiempo necesario para realizar una nueva oferta si la empresa no opta por la privatización.
No obstante, el Decreto hace excepciones para los casos en que el plazo restante de la subvención es inferior a 42 meses y puede haber interés en la privatización. En tales casos, los estados y municipios tendrán que formalizar la solicitud de adhesión al nuevo modelo dentro de los 90 días posteriores a la publicación del Decreto y el proceso de privatización debe completarse dentro de los seis meses anteriores a la finalización del contrato o subvención.