Alejandro Grisanti: Orden de Trump evitaría embargo de Citgo

El economista Alejandro Grisanti, en su condición de director de la junta administradora de Petróleos de Venezuela ad hoc consideró que hay ignorancia y maledicencia en los comentarios que señalan a los representantes nombrados por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como responsables de una decisión judicial que permitiría a la empresa minera Crystallex solicitar el embargo de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos.
“Este caso nace de un proceso de nacionalización de la mina de oro Las Cristinas realizado por el presidente Hugo Chávez en el 2008, seis años después de que su explotación fuese concedida -por él mismo- a la empresa canadiense Crystallex; y la deuda por 1.200 millones de dólares que esta compañía reclama es una indemnización que tiene que pagar la República luego de un proceso de arbitraje en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que culminó alrededor del 2014”, explica Grisanti en su texto. “La responsabilidad debe recaer únicamente en los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro y en ningún momento en Juan Guaidó o sus representantes; y quienes hacen  esos señalamientos actúan bajo ignorancia o simplemente con maledicencia”, añade.
El directivo de PDVSA ad hoc explica la estrategia de protección de activos que se trazó el parlamento venezolano tiene como prioridad la preservación de la totalidad de las acciones de Citgo.
“Se ha pedido una orden ejecutiva al presidente Donald Trump para proteger los activos del país en suelo americano y por ahora no la han concedido ya que entienden que las sanciones protegen los activos venezolanos con excepción de los bonistas del bono PDVSA 2020 que sí tienen licencia”, acota el economista Grisanti. “Citgo no está perdida y el anuncio del pasado lunes 29 de julio (por parte de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos) es un claro revés, pero quedan todavía muchos recursos legales, políticos, licencias, que se pueden aplicar. ¡Seguimos trabajando!”, puntualiza.
Grisanti hace una cronología referida al reclamo de Crystallex, que comienza al señalar que un fondo litigante adquirió esa empresa canadiense, que tiene entre sus activos el cobro de la deuda que le debe la República de Venezuela. “Crystallex tiene simplemente abogados litigantes que buscan extraer recursos de un país que atraviesa una crisis humanitaria”, señala el economista.
Menciona que durante el año 2017, esta empresa introdujo una demanda contra PDVSA para que la petrolera estatal “pague los platos rotos de la República”, pero un año más tarde el gobierno de Maduro abandonó actuar legamente en este caso para luego impulsar un acuerdo con Crystallex que implicaba un pago por 425 millones de dólares.
“Nadie ha podido tener acceso a este acuerdo, y se comenta que se negoció con una versión en español que difiere de la versión en inglés”, denunció Grisanti insistiendo que la responsabilidad de esto recae en autoridades del gobierno de Maduro. “La primera sentencia se dictó en agosto de 2018, y allí comenzó la segunda instancia. Lo único que se podía hacer para ese momento era lograr que la República interviniese en el juicio; y en febrero de 2019, cuando nos toca a los representantes de Guaidó no había posibilidad de introducir nuevos alegatos”, añade.

El caso del procurador

Las críticas sobre  el caso Crystallex y el embargo a Citgo han recaído principalmente contra el abogado José Ignacio Hernández, procurador especial designado por Guaidó con aval de la plenaria de la Asamblea Nacional, porque ese cargo generaría un conflicto de intereses con la posición de asesor legal que tendría en la empresa minera, según denunció el dirigente político Jorge Alejandro Rodríguez, miembro de la organización políticadel ex candidato presidencial Henry Falcón, quien también ha pedido a Hernández que dimita.
Al respecto, el economista Alejandro Grisanti asegura que el procurador especial delegó emitir una opinión sobre este caso. “Vale la pena volver a aclarar que José Ignacio Hernández actuó como testigo experto independiente y nunca como abogado. Jamás se pronunció sobre el fondo del caso; y en marzo 2019 se inhibió dejando el caso a cargo de la abogada Maria Ignacia Borjas”, precisó.