Sanciones de Trump contra PDVSA logran objetivo de ley anti OPEP: favorecer producción de EEUU

En el Congreso de Estados Unidos desde hace 18 años reposa un proyecto de legislación que va contra las importaciones de crudo de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) -la ley contra los carteles de producción y exportación de petróleo que por sus siglas se le conoce en inglés como la NOPEC ley- que fue rechazada por el gobierno de George W. Bush por los vínculos con Arabia Saudita; pero desde el año pasado ha sido retomada como una idea de la administración de Donald Trump.
El proyecto en cuestión, sin embargo, continúa enfrentando resistencias tanto en la bancada del Partido Republicano como en la del Demócrata, por el efecto generalizado que tendría esta ley sobre todos los miembros de la OPEP, entre los que se encuentran las naciones aliadas de Estados Unidos en el Medio Oriente.
En cambio, la imposición de sanciones a Venezuela, primero las de restricciones financieras a PDVSA, y luego las que frenan el comercio exterior de crudo y combustibles, sientan un precedente de cómo lograr el mismo objetivo de la Ley NOPEC o Anti OPEP, de manera puntual sobre un país adverso a los Estados Unidos y sin requerir el aval parlamentario porque se trata de una medida del Poder Ejecutivo, que se adopta a través de la Oficina para el Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés).
El proyecto de ley, que fue retomado para su discusión en mayo de 2018, en principio va contra las manipulaciones del mercado petrolero que propicia la OPEP mediante sus políticas sucesivas de recorte o control de producción para propiciar un alza en los precios del crudo, política que públicamente ha sido criticada por el presidente Trump por el impacto que tiene sobre los precios de los combustibles en los Estados Unidos y por consiguiente en su popularidad.
Adicionalmente, una legislación de este tipo tiene un efecto adicional: la imposición de restricciones a la importación de crudo en los actuales momentos favorece principalmente a los productores de Estados Unidos, comenzando por las medianas empresas independientes que llevan adelante los proyectos de shale oil o petróleo en lutitas; y las compañías estadounidenses emplazadas en Canadá con proyectos de crudos medianos y pesados.
Justamente este segundo objetivo, de acuerdo a varios analistas, se logra con las sanciones que la OFAC impuso a Venezuela: desplazar a un proveedor extranjero y adverso a los Estados Unidos por uno local que se ha visto favorecido por las políticas de Trump, que ha frenado las regulaciones ambientales que iban en contra de los proyectos petroleros.

Números en alza y reversa

En los últimos 10 años, que comprenden de finales de 2008 a 2018, la producción petrolera de Estados Unidos se incrementó en 134% para colocarse en 11,9 millones de barriles por día. En números absolutos, las empresas de Estados Unidos están produciendo casi 7 millones de barriles más que hace una década.
En cambio, en ese mismo período, las importaciones de los miembros de la OPEP se ha reducido en 53% para colocarse en 2,7 millones de barriles por día; esto implica que la organización en una década dejó de colocar más de 3 millones de barriles diarios en el mercado estadounidense.
Solamente en dos años del gobierno de Trump –los años 2017 y 2018- la producción petrolera estadounidense creció 34,6% (más de 3 millones de barriles) mientras que las compras a la OPEP cayeron 29% (más de 1 millón de barriles), principalmente por menores despachos de dos de sus principales suplidores como Arabia Saudita, que dejó de colocar alrededor de 344.000 barriles diarios, y Venezuela 187.000 barriles por día.
La empresa estatal venezolana, PDVSA, en 10 años y sin sanciones en el comercio exterior, recortó en 55,5% sus envíos a Estados Unidos por los problemas que afronta en la producción de petróleo: de un volumen por encima de 1,2 millones de barriles, a finales de 2008, cayó a 562.000 barriles por día al cierre de 2018.