“El Petro registra una serie de vicios de nulidad por razones de constitucionalidad”. Esa fue una de las conclusiones que el abogado Juan Cristóbal Carmona, señaló sobre la criptomoneda anunciada por el presidente Nicolás Maduro durante las conferencia de las VIII Jornadas Anibal Dominici, auspiciadas por varias universidades del país y la Cámara Petrolera de Venezuela.
“Hay enormes contradicciones entre una normativa y otra e inconsistencias entre declaraciones de los voceros oficiales y la normas que se han dictado. Por un lado se ha citado como un instrumento de inversión, pero también como medio de intercambio y pago; y más recientemente como unidad de cuenta o valoración. Al final hemos visto que El Petro se encontrado con una serie de obstáculos en el camino que ha obligado a modificar la idea originaria”, dijo Carmona. “La validez del Petro arranca con enormes debilidades porque en verdad es inconstitucional en primer lugar porque la normativa que se ha dictado hasta el momento ha sido sobre la base de la declaratoria de Estado de emergencia, así como por la actuación de la Asamblea Nacional Constitituyente que consideremos inconstitucional e invalido”, acota.
Menciona adicionalmente que cualquier de las opciones planteadas por el Ejecutivo nacional afronta la realidad de las sanciones adoptadas por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) que específicamente niegan toda inversión u operación con El Petro.
“El impacto que tienen las sanciones de la OFAC han puesto un obstáculo difícil de superar para el gobierno venezolano para la instrumentación del Petro”, puntualizó el abogado.
A esto señala que al Banco Central de Venezuela se le ha excluido de participar en las transacciones con El Petro cuando constitucionalmente es el organismo encargado de instrumentar los medios de pago.
Carmona insiste en señalar que El Petró al final es un instrumento de deuda del Gobierno pero que debe considerarse ilegal porque se está emitiendo sin tomar en cuenta la legislación en materia de crédito público que señala a la Asamblea Nacional como el organismo del Estado venezolano encargado de aprobar todo endeudamiento público.
PUBLICADO: 30 de julio de 2018
